10 junio

Siempre, o casi siempre, los mercados libres establecen precios que vendedores y compradores consideran apropiados para transar. Así, es posible vender, a bajo precio, muebles usados y vehículos declarados pérdida total. También se vende basura, si el vendedor está dispuesto a recibir un precio negativo, es decir, a pagar para que se la lleven. ¿Por qué no hacer lo mismo con los préstamos malos de los bancos estatales, difíciles de recuperar por la vía administrativa o la judicial?

Por mucho tiempo, a los bancos estatales no les estuvo permitido vender préstamos malos a precios inferiores a su valor facial. Sin embargo, a finales del año pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) avalaron por primera vez esa posibilidad, la cual, en la práctica, significa recuperar “algo” de los préstamos devenidos en malos, que habían sido objeto de aprovisionamiento por su monto total.

La modernización del sistema financiero nacional exige tratar estos temas.

Los compradores son empresas especializadas en cobranza. Antes de cotizar el precio máximo dispuestos a pagar por cada uno de ellos, efectúan un análisis de la probabilidad de recuperar parte del crédito y el monto, dada la calidad de la garantía y del deudor. También examinan los costos de recobrar el dinero y la utilidad razonable, ajustada por riesgo. Este tipo de transacciones no están sujetas a ninguna normativa si se trata de empresas privadas, y ni qué decir si no son reguladas, porque no tutelan recursos del público.

Pero cuando median bancos estatales, procede someterlas a un condicionamiento mínimo. En tal sentido, dichas operaciones son permitidas si la Sugef comprueba que los bancos han realizado infructuosamente todas las gestiones normales de cobranza y se trata de operaciones aprovisionadas en su totalidad y liquidadas contra las respectivas provisiones. En otras palabras: debe tratarse de créditos contablemente dados por perdidos en su totalidad.

El otro requerimiento prudencial es que las ventas se den en condiciones de razonable competencia y no medien compradores monopolizadores, dedicados a ofrecer precios demasiado bajos. La verificación de esas circunstancias estaría a cargo de la Comisión para Promover la Competencia, adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

Se trata, sin duda, de una medida apropiada. Si aporta nuevos recursos a los bancos públicos, contribuirá a reducir sus costos, lo cual debería reflejarse, en algún momento, en una rebaja del margen de intermediación. Eso favorecería a los ahorrantes —si se les reconociera una tasa de interés superior por las captaciones y depósitos— , a los usuarios del crédito —si se tradujera en tasas activas más bajas— o a ambos.

En cualquier caso, la banca estatal debe asegurarse de que su morosidad no sea superior a la experimentada por la banca de capital privado. Por eso, es necesaria una política rigurosa de prospección, selección, aceptación, formalización y seguimiento de créditos. Si fallara en alguna de esas etapas, contribuiría a dilapidar recursos públicos.

La resolución fue bien recibida por las autoridades del Banco Nacional de Costa Rica, que plantearon la consulta a la PGR, y por reguladores y expertos en materia bancaria. Para Javier Cascante, exjerarca de Sugef, la medida permite a los bancos estatales librarse de procesos “engorrosos” de cobro y dedicar más esfuerzos a su especialidad, que es la captación de ahorro y concesión de crédito.

La decisión tiende a nivelar la cancha porque los bancos privados siempre han operado sin la restricción impuesta a los estatales. Pero no basta. Todavía el terreno está desnivelado a favor de los bancos públicos por la garantía Estatal (un seguro gratuito) de sus operaciones y por la obligación de las entidades públicas de conducir muchas de sus operaciones financieras mediante la banca estatal. La modernización del sistema financiero nacional exige tratar estos temas.