13 enero
Foto AFP
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Venezuela, donde el chavismo aprovechó su impulso inicial para establecer una dictadura de las urnas y la mayoría electoral servía de excusa para eliminar instituciones y garantías republicanas, ahora se resiste a votar por Nicolás Maduro siquiera en elecciones amañadas, sin verdadera participación opositora y sin garantías para estimularla.

El dictador no pudo disimular la escasa cantidad de votantes y al final «ganó» una abrumadora mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional (256 de 277) con un puñado de sufragios. El abstencionismo rondó el 70 % y la denuncia internacional de los resultados no se hizo esperar.

Nuestro país anunció su desconocimiento de la espuria Asamblea, instalada el 5 de enero, y reiteró su preocupación por la continuidad del «régimen ilegítimo» encabezado por Maduro. En línea con los valores democráticos nacionales, la Cancillería emitió un comunicado de inequívoca condena al resultado de los comicios cuestionados: «El Gobierno de Costa Rica reafirma que no reconoce la legalidad ni la legitimidad de la Asamblea Nacional (...) que es resultado de un proceso que no contó con las garantías mínimas de transparencia, de inclusión, de amplia participación de todos los actores y de supervisión independiente. Lo anterior constituye una flagrante violación del Estado de derecho».

En armonía con declaraciones del canciller, Rodolfo Solano, a La Nación en diciembre, el comunicado renueva propósitos de colaborar para restituir la democracia, garantizar el respeto de los derechos humanos y facilitar el flujo de ayuda humanitaria, indispensable para aliviar las difíciles condiciones de vida de los venezolanos.

El país desconoció al gobierno de Maduro en enero del 2019 y reconoció el mandato interino del diputado Juan Guaidó, jefe del Parlamento. Con las manifestaciones recientes y la clara adjudicación de responsabilidades a Maduro y su régimen, el gobierno interpreta perfectamente el sentir de la gran mayoría de los costarricenses y toma su lugar junto a las naciones democráticas de todo el mundo.

Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) también decidieron, por unanimidad, desconocer las elecciones. Según Josep Borrell, alto representante para la política exterior de la UE, los comicios no fueron «libres, justos ni democráticos» y el escrutinio «no representa la voluntad del pueblo venezolano».

La «falta de respeto por el pluralismo político y la descalificación y enjuiciamiento de los líderes de la oposición no permiten a la UE reconocer este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente», dijeron los 27 países europeos en un comunicado que, como el costarricense, abogó por el retorno de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el ingreso de ayuda humanitaria.

Nuestro país debe mantenerse cerca de los esfuerzos internacionales para alcanzar esos objetivos, como lo ha hecho mediante su participación en el Grupo de Lima, también denunciante del «régimen ilegítimo» de Maduro y de los comicios carentes de «legalidad y legitimidad porque fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático».

El bloque, conformado por dieciséis Estados americanos, trabaja desde el 2017 para promover una salida a la crisis venezolana. Costa Rica es miembro desde el inicio y allí debe permanecer para hacerse escuchar como una de las más antiguas democracias latinoamericanas. Ese es el legado que preservar por la actual administración y su Cancillería, como ha venido sucediendo.

Bien dijo la ministra española de Relaciones Exteriores, Arancha González Laya: «Las elecciones habrían sido una buena oportunidad para que todos los venezolanos pudieran expresar su visión para el futuro del país». La presión internacional es imprescindible para que en algún momento llegue esa oportunidad.