Columnistas

Doble alivio

La amnistía para las empresas y los trabajadores informales ayuda tanto a la CCSS como a quienes se acojan al beneficio

La comisión de económicos, presidida por Karine Niño, dictaminó de manera oportuna y acelerada el proyecto Amnistía para la formalización y recaudación de las cargas sociales, lo que da vía a la votación en el plenario. De convertirse en ley y ser aplicada por la CCSS, será una poderosa herramienta de reactivación económica que, a mediano y largo plazo, ayudará a enfrentar los efectos del envejecimiento de la población en la seguridad social.

Según datos del INEC, a julio, de los 2,4 millones de la población económicamente activa, 2 millones de personas se encontraban ocupadas y 430.000, desempleadas. Si el desempleo sigue siendo alarmante, lo es todavía más que, de esos 2 millones de trabajadores, 600.000 no cuenten con seguro.

Los ingresos de la CCSS, orgullo nacional por su espíritu solidario y universal, dependen de una pequeña minoría de trabajadores, pues, de los 5 millones de habitantes, tan solo 1,4 millones contribuyen a ella y a instituciones fundamentales, como el INA y el IMAS.

De no tomarse acciones concretas que amplíen la base de contribuyentes, agravada por el envejecimiento de la población, cada vez habrá menos cotizantes y más demandantes de la seguridad social, lo cual repercute en la sostenibilidad de la institución, una realidad apremiante.

La cara humana de esta situación son los miles de trabajadores informales, muchos con décadas de trabajo en sus espaldas, pero carecen ellos y sus familias de protección social. En su vejez, en el mejor de los casos, recibirán una pensión del Régimen No Contributivo.

La aprobación de la ley de amnistía, cuando muchos negocios luchan por sobrevivir y el desempleo sigue siendo tan alto, facilitará que trabajadores y profesionales independientes se inscriban o regularicen su condición sin temer 10 años de cargos, multas e intereses, lo cual no solo ampliará la base contributiva con recursos frescos, que ahora no existen, sino que dará sostenibilidad al sistema.

Las pequeñas y medianas empresas en la ilegalidad, que según datos prepandemia superaban las 100.000, no solo aumentarán los ingresos de la CCSS; para estas significará contratar con el Estado y las empresas formales, así como acceder a la banca en un ganar ganar.

nmarin@alvarezymarin.com

La autora es politóloga.

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