EscucharNo es necesario tener un Nicolás Maduro, un Daniel Ortega, un Evo Morales, un Recep Tayyip Erdogan, un Vladimir Putin, ni siquiera un Kim Jong-un en el poder para que casi 5 millones de personas deban subyugarse a los caprichos de un grupúsculo de tiranos que pelean sus privilegios como el perro hambriento roe el hueso hasta el tuétano.
La Corte Plena dio el primer golpe al disfrazar de noble ideal lo que no es más que la defensa de los intereses económicos de sus funcionarios. De acuerdo con la gran mayoría de los magistrados, el artículo 167 de la Constitución Política otorga autonomía al Poder Judicial en su organización y funcionamiento, lo cual es cierto. Pero agregaron de su cosecha: el 167 incluye la administración del presupuesto a discreción. Como decía el finado Hugo Chávez, “dentro de la Constitución todo, fuera de ella, nada”.
Ya lo advertía el constituyente Mario Alberto Jiménez Quesada el 8 de setiembre de 1949 cuando se discutía la redacción del artículo 167: “¿Quién nos garantiza que en el seno de la Corte no se incuban también ciertos egoísmos y vanidades? ¿Quién nos garantiza que los señores magistrados no obrarán nunca guiados por las pasiones? Para algunos señores representantes lo que la Corte dice siempre está bien dicho. Sus sentencias tienen el carácter de magister dixit. Se piensa que ahí no tienen cabida ni las pasiones, ni los intereses, ni los egoísmos, propios de todos los hombres. Yo no puedo compartir este criterio. Durante muchos años he estado muy cerca del Poder Judicial y me he dado cuenta de que los magistrados son hombres como todos los hombres, que se equivocan a menudo, con defectos, movidos por pasiones”. Debemos agregar que también las magistradas, como seres humanos, se dejan llevar hoy por las pasiones.
En las democracias maduras, como la nuestra, se admite que haya fallos contradictorios cuando se trate de un mismo asunto, pero basta con un IQ, digamos como el de Donald Trump, para notar un patrón en las declaratorias de huelga de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el Poder Judicial.
Sin límites. Contrario a lo que creía Dora, protagonista de Los justos, de Albert Camus, “hasta en la destrucción hay un orden, hay límites”. En el país de la economía donde, como reveló el viceministro de Hacienda Nogui Acosta vivimos “a coyol quebrado, coyol comido”, para esos tiranillos el límite lo fijan Visa o Mastercard, no el estado de necesidad.
Los jueces Adriana Chacón, Bettzabé Gutiérrez y Luis Eduardo Mesén declararon legal la huelga de los trabajadores de Recope revocando así la ilegalidad que había dictado en primera instancia el Juzgado de Trabajo, el 28 de setiembre.
Su interpretación de la ley es que el suministro de combustibles no es un servicio esencial. Sin comentarios. La gente inteligente no necesita argumentos para entender qué es un servicio esencial.
Especial análisis merece el fallo del juez Víctor Manuel Orozco Zárate, quien dictaminó que el Estado no pudo probar afectación en los servicios por la huelga de su patrono, el Poder Judicial.
La Procuraduría General de la República adujo en su alegato que la huelga era “política, lo cual es un movimiento contrario a las normas y principios que rigen el instituto de la huelga”.
Pero Orozco contestó: no, señor, “en Costa Rica pueden realizarse huelgas políticas en las que participen trabajadores de diferentes sectores de las actividades de producción y de prestación de servicios, contra medidas gubernamentales que puedan afectar sus intereses sociales y económicos, teniendo como contraparte a las autoridades rectoras del Estado, o sea, contra políticas públicas como lo es en este caso”.
La huelga política no está contemplada en nuestra legislación. Orozco se la sacó de la manga.
Rebelión militar. Ese grupúsculo tiene lo fundamental para imponerle ya no al gobierno, sino a la sociedad, su capricho: al ejército costarricense. A esos soldados sin fusiles los hemos alabado, glorificado, bendecido, enaltecido, consagrado y encumbrado durante 70 años. En sus manos, hemos puesto a nuestros hijos y, para mayor inri, les llamamos educadores.
Las pruebas PISA los desnudan. El sindicalismo los desprestigia. Su batalla está perdida para sus bolsillos por dondequiera que lo miren, porque la reforma fiscal debe aprobarse si desean un país donde el dinero alcance para pagarles a la medida de las posibilidades económicas del Ministerio de Hacienda.
Pero si la Sala Constitucional falla en contra de la reforma, como quizás ellos aplaudirían, llamen a los griegos. Los griegos saben mucho: inventaron en la antigüedad lo que hoy llamamos escuelas y también pusieron de moda hace poco el término default.
Sobre el perjuicio para los estudiantes solo puedo citar a Miguel de Unamuno: “Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos”.
Guiselly Mora es periodista, editora de la sección de Opinión de La Nación.
