Columnistas

Deuda innecesaria

Que la concesionaria aporte los recursos para la ampliación de la ruta 27 y el Estado se reserve los propios para otros proyectos

El gobierno propone más endeudamiento en un momento cuando lucha contra la crisis fiscal. En esta oportunidad son $150 millones del BCIE para reducir los peajes cuando se amplíe la ruta 27. La ampliación es necesaria; el préstamo no.

Si la carretera está concesionada, no debería resultar difícil hallar un modelo económico conveniente para ambas partes, sin desnaturalizar uno de los elementos positivos de este tipo de contratos para la realización de obra pública, es decir, que sea la empresa privada la que aporte los recursos y el Estado se reserve los propios para otros proyectos.

No sería la primera vez que la infraestructura necesaria para el país, por sus elevados costos, demande recurrir a la búsqueda de fórmulas creativas, comenzando por la sencilla: ampliar el plazo de la concesión más de los 15 años propuestos.

Otras serían convocar una comisión ad honorem de expertos nacionales, e incluso internacionales, a fin de que propongan ideas acerca de cómo es posible abaratar la obra o los peajes; valorar si es absolutamente necesario duplicar la obra en toda su extensión o priorizar los cuellos de botella; señalar las inversiones más caras y dimensionarlas en el tiempo; o un concurso ofreciendo como incentivo financiero que se proponga un mejor modelo.

El concepto «socialmente aceptable» me gusta y da para pensar en peajes diferenciados; una tarifa en días laborables, otra los fines de semana y más bajas durante los horarios de menos tránsito.

Si de ser innovadores se trata, la filosofía del peaje solidario no debe quedar fuera de la solución. Se paga más a cambio de acortar el tiempo de espera en la fila, o bien, por el uso de los carriles de tránsito rápido.

El país requiere con urgencia la ampliación de la ruta 27, como motor de reactivación económica y generación de oportunidades en una provincia castigada por graves índices de pobreza y creciente violencia.

La cuestión de fondo es que los recursos los aporte la concesionaria, porque Costa Rica no puede más, y menos para infraestructura, ámbito en el que la empresa privada, si bien no es perfecta, ha dado resultados.

nmarin@alvarezymarin.com

La autora es politóloga.