Detener a Bukele antes de que sea demasiado tarde

El presidente Nayib Bukele, valiéndose del control que ejerce sobre los nuevos miembros de la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, acaba de ahondar su deriva autoritaria.

El mandatario está aplicando con extrema rigurosidad, paso a paso, el manual sobre cómo asesinar una democracia desde el poder, método que, lamentablemente, ya hemos visto seguir en varios países tanto dentro como fuera de la región. La originalidad de Bukele, por tanto, no radica en sus métodos autoritarios, sino en la celeridad con que los viene aplicando.

A los ataques a los anteriores parlamentarios, en febrero del 2020, utilizando para ello el apoyo de las fuerzas armadas; los continuos choques con los anteriores magistrados de Sala de lo Constitucional; la descalificación de los partidos de oposición; el acoso a periodistas y medios independientes; y las restricciones a la libertad de expresión, les siguió la destitución llevada a cabo por la nueva Asamblea Legislativa —el primer día que sus nuevos integrantes asumieron el cargo, el 1.° de mayo de este año— de todos los jueces de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general.

El tercer zarpazo perpetrado por el régimen de Bukele con miras a consolidar su proyecto autoritario tuvo lugar la semana pasada. Por un lado, la actual Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas (debido al rotundo triunfo obtenido en las elecciones legislativas del pasado mes de febrero), aprobó una ley que establece la jubilación obligatoria y anticipada de un tercio de los más de 600 magistrados del país. Y, por el otro, una sentencia de la Sala de lo Constitucional, le abrió las puertas a Bukele para buscar su reelección.

En su sentencia del 3 de setiembre, los nuevos miembros de la Sala de lo Constitucional ordenaron al Tribunal Supremo Electoral «permitir de conformidad con el artículo 152 ordinal 1.° que una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión», decisión acatada inmediatamente por el órgano electoral y que despeja el camino a Bukele para ir tras su reelección consecutiva en el 2024.

La Constitución salvadoreña cuenta con varios artículos que garantizan la alternancia en el ejercicio del poder y prohíbe, al mismo tiempo, la reelección consecutiva de quien se encuentre desempeñado la presidencia de la República. Una lectura rigurosa de estas normas demuestra que esta sentencia de la Sala de lo Constitucional (cuyos nuevos magistrados fueron impuestos por el partido de gobierno tras el ataque contra el poder judicial el pasado 1.° de mayo), es incorrecta. Y, además, contradice el fallo de la anterior Sala de lo Constitucional sobre el mismo tema, del 2014, que prohibía la reelección presidencial en los siguientes 10 años tras dejar el cargo.

En relación con este tema, Bukele sigue el camino que abrieron otros mandatarios de la región: Daniel Ortega, en Nicaragua; Juan Orlando Hernández, en Honduras; y Evo Morales, en Bolivia. Todas estas habilitaciones judiciales tuvieron nombre y apellido —como en este caso— y fueron dictadas por la instancia máxima de la justicia en cada uno de los tres países con el mismo objetivo: permitir al mandatario de turno buscar y obtener su reelección consecutiva por un segundo período (Honduras) o indefinida (Nicaragua y Bolivia).

La frágil democracia salvadoreña, que ya venía sufriendo una constante erosión antes de la llegada de Bukele, ha acentuado su deterioro en los últimos dos años. A consecuencia de todo ello, El Salvador sufre un grave retroceso democrático, entre cuyas principales tendencias negativas y preocupantes destacan una mayor personalización y concentración del poder en manos del presidente, un marcado debilitamiento de la división de poderes y del Estado de Derecho y una fuerte restricción de la libertad de expresión.

Bukele pretende justificar su deriva autoritaria en su elevado índice de popularidad y aduce que todas las medidas tomadas son legales. Doblemente falso. La magnitud de su popularidad no otorga un cheque en blanco para que un mandatario haga lo que quiera. Además, no basta con tener legitimidad de origen (haber llegado al poder por la vía de elecciones libres) para calificar como una democracia.

También, es indispensable, como lo exige la Carta Democrática Interamericana (artículo 3), la legitimidad de ejercicio, es decir, gobernar democráticamente respetando la división de poderes, el Estado de derecho y los derechos humanos. Y Bukele está violando groseramente este requisito. Por consiguiente, El Salvador deja de ser una democracia de baja calidad para convertirse en un régimen híbrido con crecientes rasgos autoritarios.

Me temo que Bukele continuará profundizando su deriva autoritaria buscando influir en las pocas instituciones sobre las cuales aún no tiene control pleno (entre ellas el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral), cerrándole los espacios a la sociedad civil, denigrando a los muy debilitados y desprestigiados partidos de oposición y aumentando sus ataques contra los medios y periodistas independientes.

Procurará, asimismo, darse una nueva constitución política que sea funcional a sus objetivos —el 15 de setiembre el vicepresidente Félix Ulloa le hará entrega de una propuesta de reforma constitucional integral— y obtener el pleno respaldo de las fuerzas armadas, ya que, como se demuestra en los casos de Venezuela y Nicaragua, el apoyo militar es indispensable para garantizar la consolidación del régimen autoritario.

De cara a este serio y peligroso escenario, urge actuar con celeridad y firmeza para detener a Bukele antes de que sea demasiado tarde. La responsabilidad principal recae sobre los actores nacionales, quienes, a pesar de los enormes desafíos y amenazas que enfrentan, deben conformar un frente de resistencia amplio, plural, multisectorial y unido, coordinando y complementando sus acciones con la comunidad internacional.

Todavía hay tiempo, pero la ventana de oportunidad es cada vez más estrecha, ya que la experiencia comparada enseña que una vez que se cruzan ciertas líneas rojas el avance del autoritarismo se acelera, y revertirlo se vuelve crecientemente difícil. No hay tiempo que perder.

@zovatto55

El autor es director regional de IDEA Internacional.