Son fugitivos de la justicia. Huyeron de sus países para evadir acusaciones penales o sentencias de tribunales. Su alegato es el de siempre: "En mi país el Poder Judicial no es independiente."
Se valen de este trillado argumento para autocalificarse como "perseguidos políticos". Y también se valen de buenos contactos políticos para refugiarse en este país, que no tiene tratados de extradicción con las naciones que los persiguen.
Su receta para el éxito en este refugio de fugitivos es obtener asesoría de políticos relacionados con los partidos Liberación Nacional (PLN) o Unidad Social Cristiana (PUSC).
Primero fue el estadounidense Robert Lee Vesco, en 1973. Acusado de un fraude de $224 millones a una firma de fondos mutuales acreditada en Suiza, se vino en su jet privado directo a San José. Aquí recibió protección política del propio mandatario de entonces, José Figueres Ferrer.
Blanca Ibáñez, exsecretaria y esposa del exmandatario venezolano Jaime Lusinchi, siguió sus pasos. Llegó a Costa Rica el 31 de agosto de 1992, tras verse envuelta en un escándalo de dinero en Venezuela en 1990, donde un juez ordenó su detención.
Aquí contrató como abogado al exministro de la Presidencia Fernando Berrocal Soto; el exmandatario Luis Alberto Monge Alvarez la apadrinó y el gobernante de entonces, Rafael Angel Calderón Fournier, le confirmó el asilo político. Ella es fugitiva de la justicia venezolana, que la condenó a un año como "cómplice necesaria en delito culposo".
Ahora el exvicepresidente ecuatoriano Alberto Dahik Garrozi no dudó un momento. Dictada la orden judicial de captura en su país, escogió a Costa Rica. Y también se buscó a buenos asesores. La embajadora en Quito, Luz Argentina Calderón -familiar del exmandatario Calderón-, le dio visa diplomática para que se fugara y le recomendó nada menos que al exvicepresidente de la República Germán Serrano Pinto como abogado.
El mensaje al mundo es claro: cuando la justicia aprieta, Costa Rica es el destino.