Desaparecer al Conavi

El espíritu de la ley aprobada en 1998 era —mediante el impuesto sobre los combustibles— lograr una eficiente conservación vial y celeridad en la construcción de obras. Sin embargo, la investigación del caso Cochinilla deja ver que, recién nacida, una aparente «red de corrupción» habría tomado el control.

El 22 de mayo del 2001 La Nación denunció con el titular «Carreteras en pocas manos» la forma como se manejaba la nueva criatura. Y agregaba: «Nueve empresas dominan el mercado de construcción de carreteras». También detallaba que, de esas nueve, cinco estaban ligadas a la familia de Hernán Solís, dueño de la constructora del mismo nombre.

Meco aparecía en la lista. «Considerada en forma individual, la constructora Meco es a la que más le han adjudicado contratos», informamos en ese reportaje hace 20 años. Vean que la historia nunca cambió: «La mayor parte de las obras que el Conavi asume casi siempre incrementan precios hasta en un 50 % por pago de imprevistos».

Es decir, en dos décadas, el Conavi mantuvo concentrados los contratos en dos familias y supuestamente infló los costos alegando «imprevistos». Es imperdonable que ningún partido político, gobernante, diputado, sindicato o entidad del Estado, incluido el Poder Judicial, fueran capaces de parar la presunta gollería.

Hubo escándalos de la trocha, de la «platina», de la «pifia» e incluso a causa de la concentración de contratos de conservación vial desde el 2009, y nada. Hicieron la vista gorda.

El Conavi quedó deslegitimado. Debe cerrarse. Todo contrato vendrá marcado con el sello de la desconfianza. El país debe discutir ya y con celeridad un nuevo modelo de construcción y conservación vial, que genere tranquilidad y confianza en que la corrupción quedará fuera.

El Conavi cavó su propia tumba, porque, de confirmarse lo que está en investigación, quedará demostrada la apropiación de recursos del Estado mediante un plan estructurado para ello.

amayorga@nacion.com