25 agosto

El miércoles 15 de agosto asistí en Asunción, en calidad de invitado de la Justicia Electoral paraguaya, al acto de juramentación del presidente Mario Abdo Benítez (46). Marito, como le llaman sus seguidores para diferenciarlo de su padre, quien fue secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, es el noveno mandatario desde el retorno de Paraguay a la democracia en 1989. Su elección tuvo lugar el pasado mes de abril, ocasión en la cual derrotó al liberal Efraín Alegre, por un escaso margen de 3,7 %.

El régimen político paraguayo es presidencial, con un mandato de cinco años y sin reelección. El sistema electoral no regula el balotaje, el Congreso es bicameral y su elección es concurrente con la del presidente.

La opinión pública y los analistas están divididos entre los escépticos —quienes opinan que Abdo Benitez será un simple continuador del conservadurismo colorado— y los que creen en su agenda de cambio

La actual etapa democrática en esta “isla rodeada de tierra”, como la definió el escritor Augusto Roa Bastos, cuenta con casi 30 años. De acuerdo con el índice de la democracia de la Unidad de Inteligencia del medio británico The Economist, la democracia paraguaya alcanza 6,31 puntos de 10, la sitúa en el grupo de democracias imperfectas.

En el ámbito de la cultura política, Paraguay ha demostrado en los últimos años un leve avance en su apoyo al régimen democrático; según el latinobarómetro 2017, del 2016 al 2017, el país ha aumentado 4 puntos porcentuales el apoyo a la democracia, y alcanza un 59 % (6 puntos por encima del promedio regional situado en el 53 %).

Si bien el 76 % de la población indica que la democracia es el mejor sistema de gobierno, en una escala del 1 al 10, donde diez es el valor de percepción de estar viviendo bajo un régimen de democracia plena, la puntación ha sido de 3, frente al promedio de la región de 5,4.

Viento de cola y retos. El nuevo mandatario lidera un sector renovador de la Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como Partido Colorado, fuerza que domina la política paraguaya de manera hegemónica desde hace más de siete décadas, salvo durante el quinquenio 2008-2013, período que estuvo gobernado por los expresidentes Fernando Lugo (Frente Guasú de centro izquierda) y Federico Franco (PLRA).

Abdo Benítez inicia su presidencia con viento a favor, pero también con obstáculos e importantes desafíos. La agencia calificadora Fitch recomendó al nuevo mandatario mantener una política económica prudente, mejorar la gobernabilidad y fortalecer la transparencia.

El viento de cola viene del lado de la economía. Este pequeño país de 7 millones de habitantes y cuarto exportador mundial de soja registra un sólido crecimiento, superior al 5 % promedio en los últimos cinco años, muy por encima de la media regional, pero con fuerte dependencia en los recursos naturales.

La inflación es manejable (un 4,2 % anual) y el déficit fiscal y el nivel de deuda pública son bajos (1,5 % y 26 % respectivamente).

Este alto crecimiento económico convive con elevados niveles de pobreza —26,4 %, de los cuales más de la mitad viven en las zonas rurales—, alta informalidad (40 %), precariedad laboral, corrupción generalizada (puesto 135 a escala mundial en el índice global de transparencia internacional), bajo nivel de presión tributaria (13 % del PIB) y marcada debilidad institucional, sobre todo, en lo tocante a la falta de independencia del poder judicial.

Para dar respuesta a estos desafíos, Abdo Benítez prometió concentrar sus prioridades en cuatro ejes: mantener la estabilidad macroeconómica, aumentar la tasa de crecimiento y generar empleo de calidad; mejorar el acceso y la calidad de la educación en un país donde el 60 % de la población tiene menos de 30 años, solo 4 de 10 terminan el ciclo básico y únicamente 1 de 100 concluye la universidad; respetar la institucionalidad y la división de poderes, sobre todo, la independencia del poder judicial, poniendo fin a la existencia de “una justicia amiga” para luchar frontalmente contra la corrupcion y la impunidad —a la que denominó el “cáncer a vencer”—; y generar políticas sociales eficientes para promover la inclusión y reducir la abultada deuda social.

A ello debemos agregar la propuesta del oficialismo de avanzar con una reforma constitucional. Los principales partidos de oposición plantearon, en cambio, avanzar primero con una reforma electoral, propuesta que fue aceptada por el oficialismo y cuya primera reunión tendrá lugar a principios de setiembre.

Sus prioridades en materia de política exterior girarán en torno al campo energético, la integración regional y la defensa de la democracia y los derechos humanos. Respecto al primer punto, será central la renegociación de las notas reversales de las hidroeléctricas binacionales: Yacyretá con la Argentina (en marcha) y en el 2023 Itaipú con el Brasil.

Ambiciosa agenda. En materia de integración regional, continuará apoyando la negociación de un tratado de libre comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea y concretar una relación más estrecha entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico.

Con respecto al tercer ámbito, y como lo señaló en su discurso de juramentación, abogará tanto en el seno de la OEA como dentro del Grupo de Lima, e incluso bilateralmente, por el respeto a los derechos humanos y la democratización de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua.

Pero la puesta en marcha de esta ambiciosa agenda no le será fácil: sin mayoría en el legislativo y con un Partido Colorado dividido entre su sector, otro independiente y el tercero bajo la influencia del expresidente Horacio Cartes (quien le hará una oposición férrea) la gobernabilidad no está asegurada.

Como vemos, la falta de una base de apoyo político propio y el encontrarse en minoría en el legislativo, el cual presenta un alto grado de fragmentación, obligará al nuevo mandatario a negociar con todos los sectores políticos dentro y fuera del partido colorado. A ello debemos agregar el creciente malestar de la población (sobre todo de las clases medias urbanas y los jóvenes) frente a la corrupción, a un sistema político clientelar y a un Estado ineficiente.

Abdo Benítez propone un cambio de raíz. Sus promesas tienen lugar en un momento cuando Paraguay vive una creciente movilización ciudadana. Para ello deberá oír y dar respuesta rápida a los reclamos de una sociedad que está harta de la corrupción y de los errores de sus dirigentes.

La opinión pública y los analistas están divididos entre los escépticos —quienes opinan que Abdo Benitez será un simple continuador del conservadurismo colorado— y los que creen en su agenda de cambio. Su discurso de juramentación fue acertado y bien recibido. Ahora es tiempo de gobernar y cumplir con las promesas. Una sociedad crispada y desconfiada de sus políticos lo observa de cerca y con ansiedad.

El autor es director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe.