“Supimos que el caso lo había armado el fiscal especial contra la impunidad, el señor Rafael Curruchiche, en 72 horas. ¿Cómo lo supimos? Porque él mismo nos lo dijo”, relata el periodista salvadoreño Carlos Dada, director del periódico digital El Faro, sobre la acusación contra el comunicador guatemalteco José Rubén Zamora, detenido el 29 de julio por supuesto lavado de dinero.
Dada puede identificarse sin esfuerzo con los cargos lanzados contra Zamora, director del El Periódico, porque también su medio fue acusado de lavar divisas por el presidente Nayib Bukele. En ninguno de los dos casos hay siquiera un asomo de pruebas, pero los dos periodistas se distinguen por denunciar las irregularidades de sus gobiernos.
Más al sur, en Nicaragua, los cargos de lavado de dinero se dirigieron contra el diario La Prensa y su gerente Juan Lorenzo Holmann Chamorro, a quien se le declaró culpable en marzo. También se trata de un periódico reconocido por sus denuncias contra el régimen de Daniel Ortega.
La libertad de prensa en América Central está tocando fondo y con ella la democracia. Los gobernantes hacen suya la frase atribuida a Juscelino Kubitschek: “Para los amigos, todo; para los enemigos, la ley”. Una ley, claro está, hecha a la medida por Ortega o interpretada al antojo del gobernante, como en El Salvador y Guatemala.
Casi un año antes de su arresto, Zamora había advertido de que el presidente Alejandro Giammattei y la jefa del Ministerio Público intentaban fabricar un caso en su contra para silenciar a El Periódico. La acusación descansa por completo sobre el testimonio de un exbanquero acusado por corrupción en el 2017. También la jefa del Ministerio Público y el fiscal especial contra la impunidad han sido sancionados por Estados Unidos y tienen prohibido ingresar a ese país bajo cargos de corromper la justicia guatemalteca.
La “ley” sirvió a Bukele para expulsar al editor mexicano de El Faro porque no pudo demostrar ser periodista. Daniel Lizárraga ejerce la profesión desde 1993 y en el momento de su deportación, el año pasado, figuraba entre los instructores de la reconocida Fundación Gabo. Por su parte, Ortega ha aplicado la “ley” hasta a las Hermanas de la Caridad, pero se ha ensañado muy especialmente con los medios de comunicación de la Iglesia.
Todos son harina del mismo costal y es importante verlos de esa manera para no exonerar a ninguno del repudio merecido y, ojalá, de la presión internacional contra sus abusos.
agonzalez@nacion.com
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad de Costa Rica y Máster en Periodismo por la Universidad de Columbia, en Nueva York.
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