Dejen de matar al mensajero

Para los políticos corruptos y los jefes mafiosos, ninguna de estas sumas importa. Sin embargo, el coste para la democracia es inconmensurable.

Cada año, más periodistas mueren a causa de su reporteo que en las zonas en guerra. Desde 1992, cuando el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) comenzó a reunir datos, 1.324 periodistas han sido asesinados mientras trabajaban, de los cuales 849 fueron ejecutados por sus denuncias. Sin embargo, en casi el 90 % de estos asesinatos, quienes ordenaron los ataques eludieron la justicia. En las raras ocasiones en que se hizo una investigación completa, solo se pudo atrapar a los hechores materiales. Por lo general, el pez gordo se salía con la suya.

El problema no se limita al sur global. El 16 de octubre se cumplió un año desde que Daphne Caruana Galizia, periodista maltesa que investigaba casos de corrupción, fue asesinada por un coche bomba minutos después de enviar un artículo que parecía pronosticar su muerte. Tres hombres han sido acusados de su asesinato, pero los autores intelectuales siguen libres.

De manera similar, Eslovaquia que, al igual que Malta, es un país miembro de la Unión Europea (UE), no ha sido capaz de hacer justicia en el brutal asesinato de Kuciak y su prometida, Martina Kusnirova, en su hogar cerca de Bratislava. Si bien la Policía ha hecho arrestos en este caso, no se ha encontrado a todos los organizadores, que se sospecha no querían que siguiera investigando las acusaciones de actividad mafiosa en el país.

Y si bien Arabia Saudita ahora admite que el periodista y columnista del Washington Post Jamal Khashoggi fue asesinado en el consulado del reino en Estambul, es igualmente improbable que la investigación actual del caso lleve a juicio a todos los responsables de su desaparición. La impunidad en este tipo de casos es un cáncer que afecta la democracia y el deber de rendir cuentas de las autoridades. Para trabajar con eficacia, los reporteros necesitan que impere el Estado de derecho. Los periodistas saben que, cuando la Policía y los jueces sirven al crimen organizado, nadie los protegerá cuando investiguen historias que amenacen los intereses de criminales o autoridades corruptas.

Las consecuencias son fáciles de ver en un país como México, donde hay enormes áreas en que no se informa de los crímenes de los carteles. Los valientes reporteros que se han atrevido a hacerlo han pagado con sus vidas, y las matanzas ligadas a los carteles han logrado el efecto deseado de silenciar a los demás. La mayoría de los periodistas mexicanos pueden identificar instintivamente “zonas de silencio” en que mueren la democracia y la transparencia.

En el 2013, la Organización de Naciones Unidas quiso llamar la atención global al problema haciendo el 2 de noviembre de cada año el Día Internacional para Acabar con la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Mi organización apoya esta iniciativa con nuestro índice global de la impunidad, que muestra que democracias como México, Brasil, la India, Pakistán y las Filipinas no encarcelan a quienes matan periodistas.

Los periodistas saben que la democracia y la prensa libre dependen una de la otra y que cuando los reporteros se silencian, aumentan los crímenes contra el medioambiente, la extorsión y el fraude. Y aunque muchos están contraatacando, les vendría bien algo de ayuda.

Una de las armas más promisorias en la lucha contra la impunidad son las sanciones. Desde el 2016, la ley de responsabilidad global Magnitsky sobre derechos humanos de los Estados Unidos ha autorizado al presidente estadounidense a imponer prohibiciones de visa y congelar los activos de ciudadanos extranjeros sospechosos de violaciones graves a los derechos humanos. Canadá promulgó su propia ley Magnitsky en octubre del 2017, y Estonia, Lituania, Letonia y el Reino Unido han adoptado medidas similares.

Pero promulgar una ley no es lo mismo que usarla. Con la excepción de varias personas implicadas en el asesinato en el 2004 del editor de Forbes Paul Klebnikov en Moscú, las leyes tipo Magnitsky no se han utilizado ampliamente en defensa de los periodistas. Los gobiernos comprometidos con la democracia no deben dudar a la hora de usar las herramientas a su disposición para proteger a quienes ponen en riesgo sus vidas en la defensa de la libertad de expresión. En particular, los gobiernos europeos tienen la responsabilidad de asegurarse de que se cumplan los compromisos asumidos por la UE y cada país miembro.

Las organizaciones por la libertad de prensa pueden hacer más para poner fin a la impunidad. Por ejemplo, en México la CPJ ha colaborado con reporteros y grupos de presión para que el gobierno nacional trate los ataques a periodistas como delitos federales, y pasar por alto a las agencias policiales y judiciales estatales cuando haya sospechas de corrupción. El gobierno federal respondió con la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

LEA MÁS: El regreso del periódico

Aun así, la falta de financiación para la oficina de la Fiscalía amenaza sus modestos logros. El próximo gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, puede enfrentar el problema de la impunidad, pero solo si la Feadle cuenta con plenos recursos.

Mientras los gobiernos vacilan, los periodistas se defienden de la manera que mejor conocen: con periodismo. La respuesta colectiva a las muertes de Caruana Galizia y Kuciak lo ilustra bien. Ambos eran miembros de redes de investigación globales y hoy estos grupos siguen los cabos sueltos y están terminando las historias interrumpidas por los asesinatos. El mensaje para los asesinos potenciales es sencillo: matar a los reporteros no matará el reportaje.

Robert Mahoney es vicedirector ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). © Project Syndicate 1995–2018