De frente: ¿Y la competencia?

De poco sirvieron los viajes a París, si el gobierno aplica medidas que continúan promoviendo las prácticas anticompetitivas que la OCDE nos urge eliminar

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Cuando se escriban las reseñas de la administración Alvarado, el oficialismo querrá que la culminación del proceso de adhesión a la OCDE destaque como uno de sus principales legados. Sin embargo, varias decisiones en los últimos meses demuestran que, para este gobierno, París —donde tiene la sede dicho organismo– bien vale una misa.

Uno de los principales señalamientos que hace la OCDE en su último informe radica en las múltiples distorsiones que afectan la competencia en el mercado nacional. Costa Rica tiene las peores métricas del club en ese apartado. Las consecuencias, indica el estudio, son una baja productividad, menor generación de empleo, deterioro en la distribución de ingresos y una reducción en el poder adquisitivo de los hogares más pobres. Dos regulaciones sectoriales destacan por su carácter regresivo: la del arroz y la del azúcar.

Como parte de la agenda de incorporación a la OCDE, el gobierno impulsó la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia, que establece dar más independencia y poderes a la Coprocom. En febrero, la ministra de Economía destacó este avance como una muestra del “deseo y voluntad del Poder Ejecutivo para fortalecer la competencia” y adoptar “las mejores prácticas internacionales”.

Tres meses después, la jerarca ignoró un criterio de la Dirección de Defensa Comercial del MEIC y elevó el arancel al azúcar importado del 45 % al 72,7 %, a pesar de que dicho informe técnico señalaba que no había ningún elemento para esa salvaguarda. Dos meses luego, la misma ministra, y otros representantes del gobierno, firmaron un acuerdo para mantener intacto el proteccionismo que goza el gremio arrocero, incluida la fijación del precio, posiblemente la política más regresiva en el país.

De poco sirvieron los viajes oficiales a París a exaltar las virtudes de la nueva legislación si meses después el gobierno aplica medidas que continúan promoviendo las prácticas anticompetitivas que la OCDE nos urge eliminar. La incógnita ahora es cuál será el impacto de la nueva Coprocom. Mucho depende de los comisionados que se escojan para liderarla. Si por la víspera se saca el día, el oficialismo también la presentará como un logro, pero hará lo posible para minar su efectividad.

jchidalgo@gmail.com