La estrategia de convertir a Costa Rica en una zona franca de las Américas enfrenta un gran desafío: no exacerbar las crecientes disparidades entre la GAM y las áreas rurales.
De ahí la necesidad de reformar el sistema educativo y universalizar la conectividad digital. Además, hay que impulsar una transformación del agro para evitar que el Valle Central monopolice la inversión y las oportunidades.
El mayor lastre de nuestro agro es su baja productividad, ya que la asistencia estatal parece enfocada en mantener a los agricultores dependientes de subsidios y proteccionismo.
Para cambiar eso, debemos inspirarnos en las reformas exitosas de Nueva Zelanda en los años ochenta, que consistieron en la eliminación de los generosos subsidios estatales a cambio de más flexibilidad laboral, reducción de costos logísticos y apoyo en innovación y tecnología.
En Costa Rica, dos reformas vienen a la mente en cuanto a flexibilidad laboral: introducir la jornada anualizada, para acomodar las horas laboradas durante el año de acuerdo con los cambios de temporada, y derogar la base mínima contributiva de la CCSS para permitir el aseguramiento por tiempo trabajado.
En logística, seguir las recomendaciones de la OCDE, de eliminar las restricciones a la participación extranjera en los servicios marítimos, adualenes y de almacenamiento, que zancadillean significativamente nuestro potencial exportador. También, hay que establecer un proceso expedito de registro de agroquímicos.
La asistencia estatal debe enfocarse en la investigación y el desarrollo. Con el apoyo de las universidades, crear un equivalente del Embrapa de Brasil, dedicado al desarrollo de tecnologías y conocimiento científico. Esto implica superar el dogmatismo ideológico que frena la adopción plena de la biotecnología agrícola.
Un elemento neurálgico en todo esto es atraer inversión a la agricultura, para lo cual debe darse predominancia al Programa Descubre, alianza público-privada al alero del Comex y Procomer, que tiene esa finalidad.
En Nueva Zelanda, el turismo rural es un complemento significativo de los ingresos de los agricultores. Precisamente por ese impacto en el desarrollo rural es que el turismo también merece una estrategia particularizada de las autoridades.
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