Juan Carlos Hidalgo. 2 febrero

La noticia de que el 2019 cerró con un déficit fiscal más grande de lo previsto —y el más alto desde 1980— debería activar el sentido de urgencia sobre la necesidad de reformas más vigorosas en cuanto al gasto público. La tarea nos compete a todos, pero al Ejecutivo le toca llevar la batuta.

No nos engañemos. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no evitó una crisis. Solo la pospuso. Como revelan las cifras recién publicadas, la situación fiscal continúa deteriorándose: la deuda sigue creciendo y el déficit primario —la diferencia entre ingresos y gastos antes del pago de intereses— aumentó. Es casi seguro que las calificadoras de riesgo volverán a recortar la nota crediticia del país. Si bien es muy probable que los números habrían sido más alarmantes sin el plan fiscal, no se justifica la autocomplacencia que han mostrado la clase política y la sociedad civil —pocos actores se salvan— tras la aprobación. Lo fiscal casi desapareció de las prioridades del gobierno, y lo reemplazó por discusiones e iniciativas sobre descarbonización, etanol, usura y hasta aguacates. Prueba de ello es que el Ejecutivo quiere que los ¢12.000 millones que ahorrará, gracias al recorte en las pensiones de lujo, se gasten en programas sociales en lugar de destinarlo a disminuir, aunque sea una milésima, el déficit fiscal.

También preocupa que la reacción del ministro de Hacienda sea redoblar el llamado por más endeudamiento externo y apostar por la modernización en el cobro de impuestos. Este último punto sería positivo si implica la simplificación en el pago de tributos, pero las señales en asuntos como el registro de accionistas y las declaraciones de sociedades inactivas más bien apuntan a una cacería sin cuartel contra los contribuyentes. Por ninguna parte menciona medidas que toquen el gasto público.

El plan fiscal apostó por la contención del gasto, y los números muestran que ha surtido efecto en el rubro de remuneraciones. Pero las cuentas del 2019 indican que no es suficiente. Debe plantear recortes, lo cual conlleva el cierre de instituciones y movilidad laboral en el Estado. La alternativa es que en un año vendrán a pedirnos un aumento del IVA con el cuento de que no hacerlo nos llevará a una crisis.

El autor es analista de políticas públicas.