¿Qué otras alternativas hay al brutal aumento de impuestos planteado por el gobierno? Un acuerdo con el FMI es a todas luces deseable, ya que brinda un sello de garantía a los observadores externos —calificadoras de crédito, tenedores de bonos, etc.— de que Costa Rica se compromete a ejecutar un programa de ajuste fiscal que cuenta con el visto bueno de ese organismo. La garantía del FMI está sobrevalorada, pero es mejor que no tenerla.
El gobierno insiste en que no habrá imposiciones del Fondo por lo que bien podemos plantear una reforma fiscal alternativa que esté sustentada en lo que la evidencia internacional indica que funciona: recortes de gasto y reactivación económica. El primer rubro en la agenda debe ser el servicio de la deuda, pues se trata de la principal erogación del Gobierno Central (consumirá el 42 % del próximo presupuesto).
Urge una reingeniería-reestructuración de la deuda interna, gran parte se encuentra en manos de instituciones estatales que cobran a Hacienda tasas de interés del 9 % o más. Si en los ochenta el país pudo renegociar con éxito su deuda externa —Eduardo Lizano encabezó la misión—, ¿por qué no se plantea un proceso similar con entes que pertenecen al mismo Estado? Vale aclarar que esto no implica recortes (haircuts) a la deuda en manos de los bancos y fondos de pensiones, pero sí rebajas en las tasas de interés. En cuanto a otras instituciones estatales no financieras, bien podrían considerarse recortes caso por caso.
Otro elemento en la agenda —con el objetivo de aprobarla a más tardar en el primer semestre del 2021— debería ser la muy prometida reforma del empleo público. Pero esta deberá tener los alcances delineados por el constitucionalista Rubén Hernández, es decir, el salario global debe incluir a los empleados públicos actuales. Eso garantizaría ahorros inmediatos y no a mediano plazo, como plantea el gobierno.
También hay que tomarle la palabra al último fallo de la Sala IV, que indicó que el salario escolar es un aumento salarial diferido, por lo cual debe aplicársele la regla fiscal, que establece que no se darán aumentos en el sector público en el tanto la deuda supere el 60 % del PIB. Eso representaría un recorte de cuando menos un 0,5 % del PIB.
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