Juan Carlos Hidalgo.   9 junio

El principal obstáculo para la reactivación económica es la falta de credibilidad de la administración Alvarado, empezando por el presidente, que no transmite suficiente confianza a consumidores y empresarios. No solo es que las prioridades del gobierno están en otra parte, sino que el ADN estatista del oficialismo siempre se impone sobre toda retórica para mejorar el clima de negocios.

Por ejemplo, el ministro de la Presidencia afirma que “la prioridad es que el país vuelva a trabajar”, pero al mismo tiempo el gobierno continúa los operativos contra los choferes de Uber, empresa a la cual en su momento, incluso, instó a hacer maletas. Mientras en Zapote hablan de simplificación de trámites, anuncian regulaciones que asfixian al empresariado. El Ministerio de Salud publicó un decreto que impone requisitos estridentes sobre la venta de ropa americana. Los importadores de esa mercadería afirman que los nuevos trámites aumentan significativamente sus costos de operación y llevarán al cierre de muchos negocios. El Minae también emitió un decreto para obligar a los comercios de venta de comidas a cumplir estrictas normas técnicas, entre estas, reubicar los cilindros de gas fuera de sus locales y obtener una costosa certificación de verificación de una lista reducida de ingenieros autorizados. Ya se reportan clausuras de establecimientos —en particular, sodas— por no cumplir las nuevas ordenanzas.

Por su parte, la fracción oficialista impulsa una reforma a la Ley de Promoción de la Competencia, catalogada por el director ejecutivo de la Cámara de Comercio como “otro proyecto de persecución empresarial”. Entre otras barbaridades, la iniciativa autoriza a la Comisión Nacional del Consumidor a realizar decomisos e inmovilización de bienes y ejecutar clausuras temporales de negocios. Ante el innegable deterioro económico, urge que Zapote le envíe un “shock de confianza” al país. Un buen lugar para empezar sería declarar una moratoria regulatoria por lo que resta del cuatrienio, de tal forma que el Ejecutivo renuncie a sancionar o decretar nuevas regulaciones que impongan mayores costos al sector privado. En un país ya de por sí hiperregulado como el nuestro, pocas medidas serían más razonables.

El autor es analista de políticas públicas.