Juan Carlos Hidalgo. 12 enero

Una de las características del diseño constitucional de EE. UU. es su sistema federal, que brinda amplios poderes a los estados para definir sus propias políticas. Esta dinámica permite que compitan entre ellos por la atracción de habitantes e inversiones. De tal forma, los estados son “laboratorios de democracia”, término popularizado por el magistrado de la Corte Suprema Louis Brandeis a inicios del siglo XX.

En Costa Rica, tenemos un sistema de gobierno unitario. Sin embargo, en las últimas dos décadas, la tendencia ha sido otorgarles más recursos y competencias a las 82 municipalidades, en aras de descentralizar el país y que la toma de decisiones sobre la provisión de ciertos servicios públicos sea lo más cercana posible a los ciudadanos. La tesis es que esto permitirá un mejor control y rendición de cuentas.

Aun así, el rango de acción de los gobiernos locales sigue siendo muy limitado y, obviamente, palidece en comparación con el que disfrutan gobiernos estatales y municipales en otras latitudes. No obstante, la introducción de la figura de alcalde y la separación de las elecciones locales de las nacionales ha aumentado el interés sobre las prerrogativas que tiene una municipalidad para hacerles la vida más fácil —o más miserable— a sus ciudadanos.

Por eso, ahora que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina, no estaría mal atizar un mayor sentido de competencia. En lugar de la balcanización impositiva y regulatoria que a veces prevalece, en la cual las municipalidades inventan regulaciones y tributos engorrosos y dispares, la idea es que adopten las mejores políticas y prácticas en aras de competir por la inversión y la generación de empleos.

Afortunadamente, en la última década, han salido varias publicaciones que promueven esta dinámica, como el índice de gestión municipal de la Contraloría o el ranquin de efectividad municipal del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Ningún gobierno local quiere salir malparado en estas mediciones. La única manera de evitarlo es simplificando trámites y haciendo más eficientes sus procesos administrativos, lo cual, muchas veces, implica copiar las cosas que otras municipalidades están haciendo bien. La competencia siempre es buena.

El autor es analista de políticas públicas.