Detrás de la campaña de desinformación lanzada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR contra individuos y empresas nacionales, se encuentra una agenda muy concreta: introducir un impuesto a la riqueza. Ya hay varios proyectos de ley en esa dirección. Por eso, vale repasar la evidencia internacional al respecto.
La idea no es original; es una de las principales banderas del socialismo millennial —como lo cataloga The Economist— y encontró mucho eco en las candidaturas de Bernie Sanders y Elizabeth Warren durante las primarias del Partido Demócrata en EE. UU. Era cuestión de tiempo para que la progresía criolla la abrazara con entusiasmo.
La principal referencia sobre este gravamen la encontramos en el Viejo Continente. En 1990, doce países europeos tenían un impuesto sobre la riqueza. Actualmente, solo Noruega, España y Suiza lo mantienen.
¿Por qué la mayoría lo derogaron? Según varios informes, incluido uno de la OCDE, el tributo es contraproducente porque es difícil de administrar, castiga a las personas que tienen muchos activos y poco efectivo, distorsiona las decisiones de ahorro e inversión, ahuyenta a los adinerados fuera de sus países y, encima de todo, no recauda mucho. Si este es el efecto en países desarrollados, ¿qué podríamos esperar en el nuestro?
Un caso particular es Francia, donde dicho impuesto causó la salida de 10.000 millonarios entre el 2002 y el 2017. Derogarlo fue uno de los primeros actos de Emmanuel Macron.
Como señala el columnista Noah Smith, de Bloomberg, “el éxodo de ricos del país probablemente redujo en el papel la desigualdad, pero no está claro que su partida mejorara la situación de Francia”. Más bien, algunos economistas señalan que el fisco terminó perdiendo más dinero del recaudado.
Los proponentes criollos del impuesto sobre la riqueza nos dirán que reducir la desigualdad es un objetivo en sí mismo, aun cuando el tributo no genere mayores recursos. Sin embargo, están apuntando mal.
Según el último informe de la OCDE, las dos medidas que tendrían más impacto en reducir la desigualdad en Costa Rica —medida por el coeficiente de Gini— serían una reforma a la remuneración del sector público y una reducción de la informalidad.
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El autor es analista de políticas públicas.