Por: Juan Carlos Hidalgo.   22 abril

El salario escolar es un oneroso privilegio del que gozan los trabajadores del sector público y que debemos eliminar en el marco de las reformas tendientes a sanear las finanzas estatales. Lamentablemente, existe la percepción de que se trata de una retención salarial que se entrega a finales de enero, pero un fallo reciente de la Sala II debería poner a dormir ese error de una vez por todas.

La resolución 2018-000215 no deja lugar a dudas. Expresa que “el salario escolar no constituye una retención salarial que se paga en forma diferida en cada mes de enero, sino que es un componente salarial más calculado sobre el salario total que perciben las personas trabajadoras y cuyo pago se realiza en forma acumulada en el mes de enero del año siguiente con base en los mismos componentes salariales que se toman en cuenta para computar el décimo tercer mes”.

Por algún motivo, desde su creación en 1994, se le vendió al país la idea de que el salario escolar es un ahorro mensual de una parte del salario nominal –en un inicio de 1,25 %, pero que ahora está en 8,19 %– que luego se les entrega a los empleados públicos para que hagan frente a los gastos de entrada a clases. El hecho de que ese 8,19 % aparece en las colillas de los trabajadores como una retención ha alimentado el malentendido.

Pero ese no es el caso. Hacienda también ha manifestado de manera contundente que “el ‘salario escolar’ consiste en un ajuste adicional de salarios por costo de vida (…) pagadero en forma acumulativa en el mes de enero”. Es decir, a los empleados públicos no se les está rebajando ese 8,19 % de su salario mensual, sino que se les está dando un aumento adicional por ese porcentaje, que se les acumula y se les entrega luego como un decimocuarto salario.

El impacto sobre las finanzas públicas es significativo: para este año se presupuestaron ¢173.450 millones por ese concepto. Eso es un 0,5 % del PIB –lo mismo que pretende recaudar el gobierno mediante los cambios que propone al impuesto de renta– o, en su defecto, un 7 % del déficit fiscal proyectado para el 2018. Eliminarlo le pegaría un buen pellizco al agujero presupuestario.

El salario escolar fue creado mediante un decreto ejecutivo y puede derogarse de la misma manera. No solo sería una medida responsable y necesaria en lo fiscal, sino que también iría en el espíritu de que todos somos iguales ante la ley.

jhidalgo@cato.org