El deterioro del mercado laboral alcanza cifras alarmantes. La informalidad lleva varios años subiendo y ya cubre al 46 % de los trabajadores. El desempleo —si incluimos al creciente número de “desalentados” que desistieron de buscar trabajo— llega al 13,4 %. Ya que ambos indicadores están íntimamente ligados al nivel de pobreza, es casi un hecho que esta aumentó en el último año. Urge una conversación nacional sobre cómo enfrentar estos flagelos.
No hay que ir muy lejos para identificar el elefante en el cuarto. Sondeos empresariales apuntan a las elevadas cargas sociales como uno de los factores que más atentan contra la generación de empleo. Un patrono paga un 26,33 % del salario de un trabajador en contribuciones a la CCSS, el ROP, Fodesaf, INA, IMAS y el Banco Popular. Este es el porcentaje más alto de América Latina y sería uno de los mayores de la OCDE si perteneciésemos a ese club. El Estado ha encarecido a tal punto la mano de obra que ha sacado del mercado formal a más de la mitad de la fuerza laboral.
Se han contemplado varias maneras de aminorar dichas cargas. Por ejemplo, un reglamento plantea disminuir el monto de la cuota de la CCSS para las empresas de menos de cinco trabajadores durante cuatro años. Otra opción sería escalonar el porcentaje de las contribuciones a partir de umbrales salariales, de tal forma que el peso relativo de las cargas no sea tan alto a la hora de contratar trabajadores poco calificados. Estas medidas son bienintencionadas, pero es fácil ver cómo generarían incentivos para que las empresas permanezcan pequeñas, despidan gente una vez que venzan los plazos de gracia o que los niveles salariales no crezcan más de cierto techo para evitar pagar porcentajes más altos de cuotas patronales. Por eso, debemos pensar en reformas más estructurales.
Una sería suprimir la contribución del 5 % al Fodesaf y que el financiamiento de ese programa (que equivale a cerca del 2 % del PIB) se financie con tributos ordinarios. Esto requeriría una reforma fiscal —vía ajustes de gasto e impuestos— mayúscula. También, se podría considerar la eliminación o reducción de las cargas que van al Banco Popular o al INA. Este es un debate que no podemos seguir evitando. El país necesita una discusión sesuda sobre qué hacer con las cargas sociales. El primer paso es perderle miedo al tema.
JHidalgo@cato.org
El autor es analista de políticas públicas.