Juan Carlos Hidalgo.   19 agosto

La manera como está diseñado el impuesto sobre la renta de las empresas (ISR) reviste de gran importancia para toda economía, no solo por su potencial recaudatorio –el mayor interés de las autoridades–, sino también por los incentivos o desincentivos que brinda a la producción, el empleo y la generación de riqueza. La evidencia indica que en Costa Rica el ISR es muy ineficiente en ambos frentes.

La legislación contempla tres tasas distintas a la renta neta de una empresa de acuerdo con su nivel anual de ingresos totales: si está por debajo de los ¢53 millones, paga un 10 %; entre ese monto y los ¢106 millones, se grava al 20 %; por encima de esa suma, corresponde un 30 %. Si bien el objetivo es imprimir progresividad –que las micro, pequeñas y medianas empresas paguen proporcionalmente menos que las grandes–, esta estructura genera distorsiones que afectan la eficiencia productiva y recaudatoria del ISR.

Un estudio de Pierre Bachas, del Banco Mundial, y Mauricio Soto, del BCCR, recabó datos a partir de las declaraciones de 80.000 empresas costarricenses en el período 2008-2014, y analizó en particular a aquellas cuyos ingresos están por debajo de los ¢150 millones –y que, por lo tanto, se aglutinan en los dos primeros tractos del ISR–.

Los autores encontraron que estos umbrales brindan un incentivo perverso para que las empresas permanezcan pequeñas, pues evitan sobrepasar el monto de ingresos sobre el cual deben pasar a pagar 10 puntos porcentuales más del gravamen. Además, el sistema induce a los negocios a aumentar la sobredeclaración de gastos una vez que cruzan el respectivo umbral –con tal de disminuir su factura impositiva–. Calculan que el incumplimiento del ISR de las mipymes rondaría el 70 %.

El estudio no calculó el efecto del ISR sobre los grandes contribuyentes, pero observa indicios que apuntan a que también hay altos niveles de incumplimiento tributario. La OCDE advirtió que la tasa máxima del 30 % es muy alta y desincentiva la inversión nacional y extranjera. En efecto, el promedio de América Latina ronda el 26 % y el de los países de la OCDE está en un 24,6 %.

Una verdadera reforma tributaria buscaría rediseñar el ISR de tal manera que sea más atractivo para la inversión y más eficiente para la recaudación –objetivos que, como vemos, no necesariamente entran en conflicto–.