Juan Carlos Hidalgo. 26 enero

El último capítulo en la novela del aguacate es el plan nacional anunciado la semana pasada para más que duplicar el cultivo en el país. Es el predecible corolario de una serie de medidas cuyo único norte es la vocación proteccionista del gobierno.

El aguacate era hasta el 2015 un producto popular y de creciente consumo. Sin embargo, ese año la administración Solís prohibió la importación de la variedad Hass producida en México, bajo espurios criterios fitosanitarios. Ocurrió lo inevitable: al ser ese país el principal proveedor de la fruta —y ya que la producción nacional solo cubre el 35 % de la demanda—, la restricción generó escasez y un aumento del 70 % en el precio. El producto, incluso, empezó a ser contrabandeado desde Panamá. El aguacate es ahora un bien de lujo en las mesas de los costarricenses. La misión del nuevo plan es que la demanda sea satisfecha enteramente por la producción local, es decir, lograr una sustitución de importaciones a la mejor usanza de los años setenta. Para ello, plantea involucrar toda una sopa de letras burocrática: MAG, INTA, ONS, CNP, SFE, BNCR, SBD, Inder, INA e IMAS. Cuantiosos recursos públicos se dilapidarán en una tarea que hace cinco años el mercado cumplía a cabalidad: que haya suficiente oferta de aguacates.

El mayor problema del plan es que Costa Rica no cuenta con condiciones agroecológicas para producir la fruta a gran escala de manera competitiva. Esto significa que el producto nacional será de calidad inferior o a un precio superior al de otras latitudes, y que la única manera de forzar el consumo es manteniendo el proteccionismo. De hecho, el plan explícitamente menciona el levantamiento de las restricciones fitosanitarias como una “fuerte amenaza” al sector. A pesar de eso, el gobierno propone aumentar la cantidad de productores de 800 a 2.000. El Estado incentivará a cientos de agricultores a meterse en una actividad económica sin mayor futuro, como en el pasado lo hizo con el palmito, la mora, la palma aceitera y el plátano. Lo que sí logrará es crear otra clientela política dependiente de subsidios y proteccionismo.

Costa Rica tiene compromisos internacionales que tarde o temprano nos obligarán a abrirnos a las importaciones de México. Por eso, el plan aguacatero del gobierno no es más que una gran embarcada.

El autor es analista de políticas públicas.