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Entiendo que la corrupción es el uso indebido de los recursos públicos para beneficio personal o de terceros. Así, me preguntaba cómo evoluciona la corrupción en el país. ¿Desapareció de pronto con los primeros albores del cambio de gobierno?
Recordé una apreciación que me formé a lo largo de muchos años de observación en Costa Rica: la corrupción en el país no se da por desfalcos o robo directo de los recursos, aunque puede suceder, como en la célebre extracción de dinero de la bóveda del Banco Nacional. La razón es sencilla: los controles presupuestarios vuelven casi imposible meter la mano en la caja y salir impune, como muestra lo mencionado de la bóveda.
La corrupción suele darse en los pliegues externos de la Hacienda pública, esto es, en proyectos con empréstitos, donaciones internacionales, obras de emergencia, contrataciones de regular tamaño y en las muy abundantes pequeñas compras directas del Estado, así como en las grandes licitaciones amañadas, desde la formulación del cartel.
Otro ejemplo es el cabildeo o manejo de mayorías políticas en leyes o decisiones para el beneficio de algunos particulares, los avalúos alterados por funcionarios bancarios para beneficio de algunos, que terminan por afectar a muchos inversionistas. No pretendo hacer un catálogo, solo enumerar lo que mi memoria me trae.
¿Recuerdan la incorporación de la pista del aeropuerto de Liberia en un desastre real, pero alejado en espacio y tiempo? ¿Recuerdan la salida intempestiva del ministro Amador porque el presidente afirmó que haría una investigación por un sobreprecio de ¢1.000 millones en esa misma acción? ¿Recuerdan que se sobreestimó el proyecto en hasta $5,5 millones porque la carpeta asfáltica no estaba tan dañada? Todo esto en un proyecto de emergencia un tanto fuera de los controles. Y la donación del BCIE, las irregularidades en el financiamiento de las campañas políticas. ¿Son pifias, señales o actos sancionables?
Por eso indagué un poco sobre los montos de contrataciones de la CNE y el número de decretos de emergencia nacional en la última década. Hay una novedad: esta administración ya lleva seis decretos de emergencia con solo un evento climático catastrófico reconocible.
En los meses que lleva, ha superado en montos involucrados en los decretos por emergencia a cualquiera de las tres administraciones anteriores. Y si la tendencia sigue, sobrepasará la suma de todos los montos de las tres administraciones anteriores, sí, las tres juntas.
La declaración del capítulo costarricense de Transparencia Internacional (Costa Rica Íntegra) de hace algo más de un mes señala que “la corrupción no es solo cosa del pasado, está presente y es creciente” y que “el momento amerita fortalecer los controles”.
Informe de Costa Rica Íntegra
Variada y rigurosa evidencia arroja que el país no está en un período de mejoría notable de la transparencia y la integridad. Según Costa Rica Íntegra, los episodios de corrupción de alto perfil o también llamados de “cuello blanco” son cada vez más frecuentes y por montos y afectaciones sociales más considerables, como lo ejemplifican los casos del cemento chino, Cochinilla, Azteca, Comején, Madre Patria y Coraza. En estos se descubrieron amplias redes de funcionarios y actores privados que capturaron las políticas e intervenciones de las instituciones públicas y desviaron cuantiosos recursos a su favor.
El incremento del crimen organizado trae aparejado un cada vez mayor riesgo de captura de la institucionalidad pública, ya que este tipo de crimen requiere áreas de corrupción y opacidad para operar, ocultar y luego legitimar sus ganancias ilícitas.
La corrupción en trámites se manifiesta en un elevado y creciente número de denuncias en el Poder Judicial, la Procuraduría de la Ética Pública y la Contraloría General de la República, relacionadas con delitos de corrupción y faltas a la probidad en la Administración Pública.
Por otra parte, hay mayores restricciones para obtener información pública y un descenso en los índices de libertad de prensa. Además, no avanzan las iniciativas legislativas para aprobar la Ley de Acceso a la Información, pendiente desde hace más de una década.
En la última edición del índice de percepción de la corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, Costa Rica no recupera su calificación y se sitúa en un rango de desempeño deficiente (55 de 100 puntos posibles).
En América, Canadá obtuvo 76 y Uruguay, 73. Costa Rica está a más de 15 puntos de los mejores puntajes hemisféricos. Ciertamente, esta medición general de percepción mundial puede y debe ser complementada con miradas más cercanas, de manera documentada, independiente y veraz.
En las encuestas de opinión, la corrupción se sitúa como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía desde hace más de una década.
Control y rendición de cuentas
Basado en las afirmaciones anteriores, tomadas del informe de Costa Rica Íntegra, en la coyuntura por la que pasa el país, no es un momento para aumentar la discrecionalidad ni para eliminar algunos de los controles al hacer uso del erario, ya que disminuiría la capacidad de las entidades de control de actuar para prevenir todo acto indebido que facilite la corrupción, y a su vez la posibilidad de que la ciudadanía conozca estas actuaciones.
Solo agrego que, según el votómetro del Estado de la Nación (2022), que recogió opiniones de todo signo del 10 % del padrón electoral, al medir valores en el eje de controles y rendición de cuentas, registró un apoyo de 90 a 1. Y la más reciente encuesta del CIEP coloca la corrupción como el cuarto problema del país, solo después de la inseguridad, el costo de vida y el desempleo.
La gente prefiere el control y la rendición de cuentas. No es mala idea, entonces, armar un corruptómetro. Podría construirse considerando las seis fuentes de información comentadas en la declaración de Costa Rica Íntegra.
miguel.gutierrez.saxe@gmail.com
El autor es economista.
