Cómo revolucionar los servicios públicos en América Latina

Las barreras contra el progreso económico en América Latina y el Caribe (ALC) son bien conocidas e inmensas. La desigualdad es alta, abunda la evasión fiscal y los sistemas educativos son inadecuados. Cunden la pobreza y la extrema pobreza, sobre todo, después de la pandemia. Y los subsidios públicos que podrían ayudar a las personas más vulnerables no están bien orientados, lo que les resta eficacia.

Para superar estas barreras es necesario construir instituciones estables e infraestructuras de primer nivel, una proeza difícil que demandará tiempo, inversión y voluntad. Pero hay una ruta relativamente fácil para el progreso: la digitalización de los servicios públicos.

Hoy, casi tres cuartas partes de la población latinoamericana usa internet. El uso del teléfono móvil en la región está extendido, y más de dos tercios de los latinoamericanos están conectados a una red móvil. Hay desigualdad en el acceso, ya que en el caso de las familias rurales y de bajos ingresos es menor respecto de las familias urbanas y de altos ingresos, pero los gobiernos están haciendo grandes esfuerzos para eliminar esta disparidad, principalmente desde que la pandemia resaltó el hecho de que internet es un servicio esencial.

El sector privado ya está aprovechando al máximo la revolución digital: la región de ALC tiene más de 25 empresas digitales con una valoración superior a mil millones de dólares. Pero mientras la proliferación de internet y de los teléfonos inteligentes transforma la provisión de servicios en los sectores comercial y bancario, los servicios públicos se siguen proveyendo en gran medida en persona y en papel.

Se pierde así una oportunidad importante. Las tecnologías digitales permitirían a los gobiernos proveer una gran variedad de servicios públicos (incluso algunos que hoy no existen) en forma amplia, eficiente y económica. De hecho, hay tantas posibilidades que el primer desafío es priorizarlas. Por eso el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un informe en el que se evalúan opciones para la formulación de políticas en áreas que van de la educación y la salud a los programas fiscales y la administración pública.

Inclusión, eficiencia y buena relación costo‑beneficio

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¿Qué programas ofrecen la mejor relación costo‑beneficio? Un ejemplo que se destaca es el envío de mensajes de texto a personas prediabéticas para alentarlas a alimentarse mejor y practicar actividad física. Crear y difundir esos mensajes cuesta poco. Pero pueden ser muy eficaces: programas similares en China, la India y el Reino Unido lograron en dos años reducir entre un 5 y un 30 % la aparición de diabetes.

En tanto, un programa de difusión de videos sobre los beneficios económicos de la educación (que se llevó adelante en Perú a través de redes escolares) redujo la tasa de abandono escolar un 20 % en un período de dos años; se calcula que el beneficio económico total de una intervención de esta naturaleza llega a 553 millones de dólares.

Otra intervención que supera la prueba de un análisis riguroso de costo‑beneficio es la digitalización de los procesos de compra pública, que mejora la eficiencia y la transparencia de las transacciones entre el Estado y los proveedores de bienes y servicios.

En Argentina, la plataforma COMPR.AR redujo un 4,4 % los precios pagados, acortó once días los procesos de contratación y generó un incremento en la cantidad de licitadores equivalente a 0,3 licitadores más por llamado a licitación.

Para que programas de esta clase funcionen, el gobierno central tiene que asegurar que los servicios digitales sean accesibles, fiables y económicos, sobre todo para los sectores de menores ingresos. Además, las aplicaciones y los componentes de software pertinentes tienen que ser fáciles de usar (especialmente en teléfonos inteligentes o móviles) y las intervenciones se tienen que ejecutar en una escala que maximice el retorno de la inversión. Las palabras clave aquí son inclusión, eficiencia y buena relación costo‑beneficio.

Infraestructura digital

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Los gobiernos centrales también tienen que tomar la delantera en el establecimiento de los marcos institucionales y la infraestructura digital que se necesitan para que el sistema funcione. Si acceder a un servicio público digital es demasiado complicado, lo más probable es que los usuarios eviten hacerlo. Todas las interacciones con el sector público se tendrían que poder hacer con una única identificación digital y a través de un único punto de acceso.

Para que esto funcione, las instituciones y agencias de todos los niveles de gobierno deben poder compartir información en forma fluida. Esta integración digital puede ser el punto de partida para ampliar la capacidad administrativa de los gobiernos municipales, que en la región de ALC concentran buena parte del gasto y de la provisión de servicios.

Al mismo tiempo, hay que modernizar los marcos regulatorios; por ejemplo, para proteger la privacidad y prevenir ciberataques. Y los gobiernos deben monitorear y evaluar en forma continua la eficacia de sus innovaciones e intervenciones digitales (midiendo no solo el retorno de la inversión, sino también el grado de inclusividad alcanzado por sus programas) y ajustar sus estrategias según corresponda. Felizmente, las tecnologías digitales facilitan la recolección de datos en tiempo real.

Hay muy buenos motivos para que los gobiernos de la región de ALC mejoren la calidad, el valor y el alcance de los servicios públicos mediante el uso de intervenciones digitales. Gracias a la amplia adopción de los teléfonos móviles e inteligentes, lo único que tienen que hacer es desarrollar aplicaciones fáciles de usar e invertir en intervenciones de bajo costo.

Si a esto se le añade una evaluación continua de la eficacia de los programas, entonces una estrategia de digitalización de los servicios públicos se convertirá en un poderoso instrumento en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Benigno López es vicepresidente de Sectores y Conocimiento en el Banco Interamericano de Desarrollo. Eric Parrado es economista principal en el Banco Interamericano de Desarrollo.

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