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Cómo abaratar el crédito para los productores

Los bancos del Estado destinan a las cargas parafiscales un porcentaje muy alto y eso resta recursos para financiar proyectos

Los costos de intermediación financiera afectan seriamente al sector productivo y lo deja en desventaja para competir con otros países. El mejor ejemplo es que para financiar la construcción de una planta industrial el empresario debe pagar el interés que cobre el banco por el crédito y a largos plazos, gastos legales obligatorios, avalúos, comisiones, etc.

Los marcos jurídicos de los intermediarios financieros son diferentes y complejos. Unos tienen encajes, otros no, unos pagan impuestos a los dividendos y otros no, unos pagan peaje y otros no, unos pagan impuestos parafiscales y otros no. Esta ensalada en el mercado debe ser corregida para beneficiar a quienes están dedicados a la producción.

Según un estudio de la Academia de Centroamérica, las cargas parafiscales se comen el 40 % de las utilidades de los bancos estatales, es decir, solo les queda el 60 % para financiar actividades productivas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda reducir gradualmente las distorsiones regulatorias existentes que afectan a los bancos públicos y privados, así como la eliminación gradual de la garantía pública de los pasivos bancarios estatales.

Otros organismos señalan la necesidad de analizar la estabilidad financiera, la supervisión, la política monetaria y el mejoramiento de la competencia.

En las dos últimas décadas se duplicó la profundización o penetración financiera. El crédito interno pasó de un 33 % en 1997 al 65 % en el 2019, y en el sector privado de un 17 % al 57 %. Este crecimiento fue posible gracias a la apertura bancaria.

Si bien los bancos nacionales gozan de la gran ventaja del respaldo estatal y de administrar los recursos públicos, también tienen una traba establecida por ley, que es el deber de hacer aportes a la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape), al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), al Fideicomiso Nacional de Desarrollo (Finade) y al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

Esas contribuciones no pueden ser deducidas como gastos, excepto lo transferido a Conape. Algunas se pagan antes del impuesto sobre la renta y otras después de impuestos.

Los aportes varían entre un 3 % y un 10 %, y afectan la rentabilidad. Solo al Infoccop, los bancos deben girarle el 10 % de sus utilidades, institución cuyo manejo eficiente de recursos y apoyo al sector cooperativo han sido cuestionados.

Del 2014 al 2018, el Infocoop recibió ¢38.000 millones, y no hay noticia de si los recursos sirvieron para apoyar a pequeñas cooperativas que requieren financiamiento, capitalización, capacitación y apoyo técnico.

Financiamiento limitado. Las 25 cooperativas de ahorro y crédito existentes contribuyen con una renta menor al fisco y no están obligadas al encaje mínimo legal ni a las cargas parafiscales; sin embargo, están limitadas a prestar solo a sus asociados.

En la reforma de varios artículos de la «Ley reguladora de la actividad de intermediación financiera de las organizaciones cooperativas», estas corporaciones quedaron facultadas para ampliar su campo de negocios.

De ahí la importancia de recuperar la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales, y eso se logrará con una política macroeconómica prudente.

Por otro lado, la Asamblea debe aprobar las leyes acordadas con el Fondo Monetario Internacional para efectuar el canje de deuda, cuyo resultado en el país será abandonar la práctica de financiar los gastos del gobierno con el dinero de los ahorrantes, pues esto ha presionado los intereses al alza y es lo que origina que los productores no tengan acceso a crédito barato para crecer y generar empleo, lo cual a su vez se traduce en una merma en el producto interno bruto.

Banco Central. La independencia política del Banco Central (BCCR) ha sido un paso importante de las reformas de los últimos 20 años. Queda pendiente el pago de las deudas del gobierno al Banco Central, porque estas incrementan el déficit fiscal y obligan a nuevas emisiones monetarias, lo que afecta el control de la inflación.

Otro cambio imprescindible es reducir la diferencia entre las tasas en dólares y colones, que depende mucho de la confianza de los ahorrantes en el manejo macroeconómico del gobierno y de la política cambiaria.

El poder del Banco Central en la emisión y retiro de circulante es clave, pero lo más relevante para recuperar la confianza y bajar el costo de los recursos es y será siempre un gobierno austero.

La banca estatal ha financiado en un período de tres años con ¢4.300 millones las obligaciones del gobierno, estrujando el crédito para el sector privado. Después de todo, es más fácil para un banco invertir en bonos de alta rentabilidad que prestar al sector productivo que pasa serias dificultades.

Solo si se aprueban todas las leyes y exigencias del FMI, será viable colocar bonos de deuda interna y préstamos de entes financieros internacionales a tasas de interés bajas. No podemos seguir pagando hasta un 8 % en dólares por la deuda.

Es importante que el sistema de flotación administrada funcione en forma transparente y controle toda fuerza especulativa. Los cambios estructurales en el sector financiero son críticos si queremos que los costos de intermediación disminuyan y vuelva a crecer la economía.

jorge.woodbridge@icloud.com

El autor es ingeniero.