El pliego de compromisos que el Gobierno, en nombre del país, planteó al Fondo Monetario Internacional "todavía no se encuentra listo para ser de conocimiento público".
Así lo afirma el viceministro de Hacienda, Marvin Taylor, en una carta dirigida a los diputados opositores Bernal Aragón y Constantino Urcuyo.
Y, según la misma nota el texto, solo "estará listo" para tres millones de simples mortales tras ser "analizado y aprobado por el Directorio del FMI".
El mensaje es tan claro como preocupante: simplemente, que los ciudadanos no tienen el derecho a conocer, antes de que sean pactados, compromisos de primer orden --y honda magnitud-- enunciados por los gobernantes. Según la lógica de la nota, esto sólo ocurrirá cuando los hechos estén consumados; es decir, cuando cualquier cosa que se diga sea un simple desahogo, no una contribución a las decisiones.
Muy probablemente la mayor parte de la carta de intenciones enviada al Fondo tiene sentido y merece apoyo de los sectores nacionales responsables. Pero esto no elimina un deber básico que el Gobierno, como representante de la población, tiene para con ella: informarla oportunamente, con claridad y sin dobleces, de medidas que podrían afectarla de manera directa y oír con respeto a quienes tengan comentarios que plantear.
Si esto no se hace, además de irrespetar un derecho civil básico, el Ejecutivo añadirá más combustible a la suspicacia y desconfianza de muchos sectores. Y la negativa, sin duda, se volverá en su contra, como ya ha ocurrido en otros casos.