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Migrantes Hondureños. (ORLANDO SIERRA/AFP)
El 2021 es un año de grandes paradojas para Centroamérica e inaugura una nueva etapa de serios desafíos para Costa Rica. Por un lado, coinciden tres conmemoraciones de gran simbolismo: el bicentenario de la independencia, los 61 años del proceso de integración económica y el 35.° y 34.° aniversarios de los Acuerdos de Esquipulas I y II.
La otra cara de la moneda la presenta el «VI Informe del estado de la región» en desarrollo humano sostenible, presentado en julio, que describe la situación actual como «la peor crisis que haya vivido la región en los últimos 30 años».
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Esta situación crítica resulta de la combinación de rezagos estructurales en desarrollo humano, retrocesos en la democracia y el Estado de derecho y la desmilitarización, con los nuevos desafíos, como los impactos del cambio climático, la migración y el crimen transnacional organizado, a los cuales se han sumado los estragos de la pandemia.
Por si esto fuera poco, el informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, presentado la semana pasada, también trae malas noticias para Centroamérica. Coincidiendo con sus pronósticos, en nuestra región el clima se vuelve más caliente y seco, pero con precipitaciones e inundaciones más severas.
Las sequías en el corredor seco y los fenómenos atmosféricos han originado pérdida de cosechas de granos, amenazan la seguridad alimentaria de amplias regiones e intensifican la migración hacia el norte.
Se pronostican 17 tormentas tropicales para el resto del año, de las cuales 8, cuando menos, podrían convertirse en huracanes.
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Pero las tormentas no vienen solo de la naturaleza. Los vientos políticos del año 2021 en torno a los tres procesos electorales en El Salvador, Nicaragua y Honduras, más la crisis en Guatemala, vaticinan la ruptura del orden regional fundado por los Acuerdos de Esquipulas II para alcanzar la paz sobre la base de sistemas democráticos, lo cual incluye el pluralismo político partidista, libertad de prensa y procesos electorales «honestos y periódicos», en plena observancia de los derechos ciudadanos, y un esquema regional de seguridad que redujo considerablemente al principio el papel y tamaño de los ejércitos.
Sin paz política no hay integración
Si bien la integración económica goza de muy buena salud, la historia demuestra con creces que no hay crecimiento sostenido y desarrollo sin estabilidad democrática, Estado de derecho, un régimen de libertades y pluralismo político.
En esta región tan integrada, la intersección entre la actividad económica y el factor de la violencia política es muy significativo, sobre todo considerando que el comercio intrarregional se desarrolla fundamentalmente por vía terrestre.
La crisis política de Nicaragua del 2018 se tradujo en un momento dado en 6.000 furgones y como mínimo 200.000 libras de productos perecederos detenidos en la frontera, cuyas pérdidas aproximadas ascendieron a $10 millones para empresas operando desde Costa Rica, como Dos Pinos, Carguill y Bridgestone, sin contar las de muchas otras compañías de menor tamaño.
Adicionalmente, unas 100.000 personas debieron buscar refugio fuera de Nicaragua, 80.000 de las cuales, se calcula, vinieron a Costa Rica, según datos del Acnur en el 2020.
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A escala regional, en la larga historia de éxito de la integración, las exportaciones intrarregionales (excluidas las de zonas francas) se desplomaron en los años más cruentos de las guerras civiles y la crisis de la deuda del período 1982-1986 (de un 23 % en 1980 a un 10 % en 1986).
La recuperación coincidió con la etapa posterior a la firma de los Acuerdos de Paz en 1987 y su época de esplendor con el período de estabilidad política regional después de los Acuerdos de Paz de El Salvador en 1992, hasta llegar a constituir el 32 % de las exportaciones en el 2016, según datos de la Cepal y el Consejo Monetario Centroamericano.
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¿Cuál camino?
En los 200 años de vida independiente, ha habido momentos sobresalientes cuando los países de la región han enfrentado conjuntamente desafíos comunes, incluso existenciales, antecedentes que aportan un «capital de acción conjunta regional», y en los cuales Costa Rica ha participado activamente.
Con el liderazgo de Costa Rica, en el siglo XIX, Centroamérica se unió para enfrentar la amenaza de la invasión filibustera; en la primera mitad del siglo XX se dio vida al esquema de integración económica y en la segunda mitad los Acuerdos de Esquipulas II construyeron un orden regional que terminó con las guerras civiles y sentó las bases de la estabilidad política y del progreso económico de las siguientes tres décadas.
Pero en este contexto, el diálogo político de alto nivel ha disminuido cuantitativa y cualitativamente, y el VI informe en referencia identifica las señales de agotamiento político en la integración regional.
Para Costa Rica, como en otros episodios de la historia, ignorar la situación del Istmo no es una opción. El país tiene la desafiante tarea de aportar su creciente estatura internacional y su liderazgo para propiciar un proceso regional que articule actores del sector privado y público, a los organismos internacionales y socios extrarregionales en la identificación de posibles instrumentos, espacios de diálogo y estrategias.
Por un lado, para emprender acciones de prevención o disminución de la conflictividad y buscar rutas de regreso a la gobernabilidad democrática. De igual forma, los países centroamericanos deben procurar un diálogo estratégico con Estados Unidos.
Varias personalidades centroamericanas han levantado su voz para que la nueva política de la administración Biden construya un enfoque comprensivo e integral para toda la región que, desarrollando propuestas más bien estructurales, opere cambios cualitativos en el modelo de desarrollo económico y en la gobernabilidad democrática, y que las políticas de lucha contra la corrupción analicen el efecto que tienen las rutas de tránsito que sigue el narcotráfico. En estos procesos, Costa Rica debe actuar de manera anticipada y proactiva.
La autora fue vicecanciller de Costa Rica, directora ejecutiva del Proyecto para la Integración y el Desarrollo de Mesoamérica y embajadora ante las Naciones Unidas.
