Columnistas

Castillo arranca con el pie izquierdo

Perú acaba de salir de un largo y conflictivo proceso electoral y entra de lleno en un escenario político muy polarizado

El 28 de julio, coincidiendo con la celebración del bicentenario de la independencia del país andino, Pedro Castillo asumió la presidencia del Perú para el período 2021-2026 en un contexto muy adverso, plagado de sospechas y expectativas, y con múltiples desafíos.

Cabe recordar que una semana antes de la primera vuelta (11 de abril), Castillo —un maestro campesino, sindicalista, candidato de Perú Libre, con un discurso populista de izquierda radical— no figuraba entre los primeros cinco candidatos con aspiraciones a la presidencia. Pese a ello, aprovechando la gran fragmentación (18 candidatos) y el malestar con la política tradicional, obtuvo sorpresivamente el primer lugar con un escaso 18,9 %.

En la segunda vuelta (6 de junio), derrotó a Keiko Fujimori —candidata de Fuerza Popular, de tendencia de derecha radical— en una contienda muy polarizada y plagada de discursos de odio, descalificaciones y noticias falsas, por una ventaja mínima de 44.263 votos.

Las denuncias de fraude presentadas por Fuerza Popular fueron desestimadas en su totalidad por la justicia electoral. A juicio de los observadores internacionales (OEA y la Unión Europea) y nacionales, el proceso electoral fue legal y legítimo, cumplió los estándares mundiales de integridad electoral, y los organismos comiciales actuaron de manera profesional e independiente.

Desafíos mayúsculos. Castillo asumió el cargo en una posición de marcada debilidad y en un contexto adverso. Tiene ante sí un reto mayúsculo con cuatro desafíos principales: 1) serenar y estabilizar al país; 2) garantizar la gobernabilidad democrática y evitar ser vacado (destituido) por el Congreso; 3) hacer frente a los estragos causados por la pandemia, tanto en el ámbito de la salud como en el económico-social; y 4) renegociar un nuevo contrato social que incluya, posiblemente, una nueva constitución política.

La pandemia ha golpeado al Perú con especial fuerza, dejando al descubierto la debilidad del Estado. El saliente presidente Francisco Sagasti le hereda un buen inventario de vacunas y un programa de inoculación bien encaminado. El reto para Castillo es acelerar su ritmo, controlar las nuevas variantes y fortalecer el sistema de salud pública.

En materia socioeconómica el desafío consiste en generar confianza para reactivar la economía (que en el 2020 sufrió una caída del 11,1 % del PIB) y crear empleo. También, deberá renegociar el contrato social para atender lo que Castillo denomina «el malestar de las mayorías», pero evitando agravar la salida de capitales (ya se ha fugado, cuando menos, un 6 % del PIB) y espantar la llegada de la inversión extranjera.

Encrucijada. Es difícil anticipar cómo responderá Castillo a los múltiples retos que tiene por delante: puede inclinarse por un modelo populista con rasgos autoritarios o sin ellos, o hacer un giro hacia la moderación y el pragmatismo, procurando impulsar su agenda de manera gradual y con respeto de los procedimientos democráticos.

Si escoge el primer camino, le espera un escenario de mucha confrontación e inestabilidad y corre el riesgo de ser vacado. Si en cambio opta por el segundo, tendrá posibilidades de sumar nuevos apoyos en el Congreso que le permitan fortalecer la gobernabilidad.

Los mensajes enviados en estos primeros días son confusos. Si su discurso de toma de posesión se caracterizó por la moderación, por el contrario, la escogencia del primer ministro y la integración del gabinete ha sido interpretada como una concesión al ala más dura de su coalición, que encabeza Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, de tenencia marxista-leninista.

El nuevo primer ministro, Guido Bellido, es un diputado oficialista, también de tendencia marxista y cercano a Cerrón. Tiene mala imagen en amplios sectores por sus posiciones políticas extremas —no considera que Cuba es una dictadura ni que Sendero Luminoso sea un grupo terrorista—, sus comentarios misóginos y homófobos, y por estar vinculado —al igual que Cerrón— con hechos de corrupción.

La integración del nuevo gabinete tampoco ayuda a generar confianza y ampliar la base de apoyo. La mayoría de los nuevos ministros son poco conocidos. Figuras que podrían haber ayudado a conformar un gabinete más moderado y con mayor credibilidad declinaron participar debido al nombramiento de Bellido.

Tampoco existe claridad acerca de cuáles serán las prioridades en política exterior, cuyo canciller, Héctor Béjar, cuenta con una considerable participación política nacional, pero escasa trayectoria internacional.

Ambas decisiones hicieron sonar todas las alarmas, incluso entre ciertos grupos que apoyaron a Castillo bajo la promesa de que su gobierno no será «ni de comunistas ni de terroristas» y que buscaría un manejo equilibrado de la economía. La bolsa cayó un 6 % y el dólar alcanzó su máximo histórico.

Otro potencial foco de fuerte confrontación es la propuesta de Castillo de convocar una asamblea constituyente, pero con respeto a los procedimientos establecidos en la actual Constitución, lo cual implicaría una modificación de esta (el texto actual no contempla este mecanismo), seguida de la celebración de un referendo popular, y, de ser aprobado, se iniciaría la convocatoria.

Esta propuesta enfrenta una fuerte resistencia en el Congreso, institución en la que el oficialismo cuenta con solo 37 de los 130 diputados. Además, Perú Libre no forma parte de la nueva mesa directiva, la cual está en manos de la oposición moderada, cuya presidenta, María del Carmen Alva, ya expresó su oposición a la propuesta oficialista.

Resumen. Perú acaba de salir de un largo y conflictivo proceso electoral y entra de lleno en un escenario político muy polarizado, con alto nivel de confrontación e incertidumbre. No está claro si estas decisiones obedecen a una concesión forzada de Castillo al ala dura que lidera Cerrón o si forman parte de una estrategia que busca provocar un enfrentamiento con el Congreso, ya que si este da un voto de no confianza en dos ocasiones a la designación del primer ministro y del gabinete, la Constitución faculta al presidente para disolver el Congreso y llamar a elecciones para elegir uno nuevo.

Veremos qué sucede con el primer voto de confianza que tendrá lugar en las próximas semanas. Lo que sí está claro es que el riesgo de repetir el choque de trenes entre el Congreso y el ejecutivo (que durante el último quinquenio produjo cuatro presidentes y dos elecciones de congresistas) sigue latente en Perú.

@zovatto55

El autor es director regional de IDEA Internacional.