Por: Luis Mesalles 19 noviembre, 2016

A pesar de que en campaña electoral don Luis Guillermo quiso restarle importancia al problema fiscal, este se ha convertido en el principal tema económico de su administración. La atención puesta en buscar una solución al elevado déficit y a la creciente deuda pública le ha quitado tiempo y fuerza para lidiar con otros problemas.

Con todo y eso, don Luis podría llegar al final de su administración sin una solución estructural al problema.

La estrategia de la alianza opositora (PLN, PUSC, ML y cristianos) ha sido discutir, primero, los proyectos relacionados con el control del gasto y la mejora en la recaudación de impuestos para, luego, ocuparse de los proyectos relacionados con nuevos impuestos.

Del acuerdo de la alianza se han aprobado varios proyectos para reducir privilegios en pensiones y el de fraude fiscal. Se está discutiendo el de ordenamiento de las exoneraciones y otros más, pero todavía faltan los de mayor impacto sobre gastos e ingresos: empleo público, reglas fiscales, impuesto de ventas (IVA) y renta.

La discusión de esos proyectos será larga. Que además se ha complicado por el acuerdo entre el gobierno y el PLN para pasar el impuesto a las sociedades anónimas, que ha molestado al resto de la oposición, por considerar que se crea un impuesto antes de terminar la discusión de los proyectos de gasto.

Existe la posibilidad de que el gobierno de Solís decida ponerse las pilas a negociar con los demás partidos la pronta aprobación de los proyectos “álgidos” de gasto.

Esta estrategia tendría un costo político grande para el gobierno, ya que implica enfrentarse a sus aliados, los sindicatos, que además han amenazado con bloqueos y caos nacional si tan siquiera se discute una ley de empleo público.

La discusión en la Asamblea se podría alargar si la oposición exige que los proyectos de empleo público y de reglas fiscales contengan un verdadero cambio estructural, en lugar de ser proyectos light.

Otro escenario sería que el gobierno no presione a los partidos por la aprobación de los proyectos impopulares, como el de empleo público y el IVA. Le endosaría la presión a los partidos de oposición para que el costo político recaiga sobre ellos.

El PLN y el PUSC podrían estar muy interesados en que el problema fiscal se resuelva en esta administración, ante la posibilidad de que lleguen a gobernar en el 2018.

Como siempre, los cálculos políticos de todos los partidos podrían hacer que no alcance el tiempo para aprobar lo que se requiere para darle una solución estructural al problema fiscal. Una vez más.