En nuestro país somos muy celosos del respeto a la legalidad, los derechos individuales y la privacidad de la información. Es parte de nuestra idiosincrasia y de ser un país apegado al derecho, la ley y, sobre todo, a la justicia.
No obstante, con frecuencia, nos vamos a los extremos, y pasamos a interpretaciones que rayan en lo absurdo, llevándonos al surgimiento de una burocracia judicial que quita dinamismo al sistema, lo atrasa y aumenta la ya triste mora judicial, la pena de banquillo, la falta de justicia pronta y cumplida que tan cansada tiene a nuestra sociedad.
Recientemente, la prensa publicó una noticia que a mi juicio califica dentro de esos casos absurdos, y en esta ocasión ocurre en una de nuestras más emblemáticas instituciones, que respeto muchísimo, y es nuestro Tribunal Supremo de Elecciones, al que reconozco integridad, solidez jurídica y buena fe, pero que dentro de la “sana crítica”, como el nombre de esta columna, debo manifestar mi más profunda diferencia de criterio.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos hizo una investigación que concluyó en el informe IDI-DFPP-007-2024, que deriva de una investigación abierta desde el 2021, expediente DFPP-EE-012-2021, referente a las acciones ejecutadas por un partido en la campaña pasada.
En el informe se utiliza información obtenida por la apertura de las cuentas corrientes de los involucrados, atribución con la que cuenta el TSE.
Aquí se inicia mi diferencia y crítica. Para el Tribunal, según la resolución 7826-E8-2024, el informe basado en el levantamiento del secreto bancario no puede ser remitido al Ministerio Público y este debe solicitar a un juez penal que emita una orden de secuestro para que el fiscal acuda al TSE y se apropie del documento de la investigación.
Esta interpretación es absurda y burocrática. Hay derecho a la privacidad, incluidas nuestras cuentas corrientes, pero levantado el velo por una autoridad competente, la información es pública para toda autoridad judicial que la requiera. Interpretar lo contrario es desarrollar una burocracia judicial que en nada nos ayuda como país y, por su lentitud, promueve la impunidad.
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