Lo que mal comenzó, mal terminó en la Asamblea Legislativa, con una excepción: la reelección de Paul Rueda, magistrado de la Sala Constitucional.
El primer tropezón ocurrió en la desprestigiada comisión de nombramientos que, amparada en el voto secreto, recomendó no reelegirlo. ¿Por qué el sigilo cuando la costumbre es la publicidad de las votaciones? ¿Por qué evitaron dar la cara? Lo vetaron sin dar una sola justificación, pese a confirmar el limpio expediente del juez.
Otro traspié: alimentaron las sospechas de que, detrás del oscuro proceso, había una venganza por sus sentencias contra la pesca de arrastre y a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, el plan fiscal y la reforma de las pensiones judiciales.
El velado mensaje de intimidación a los magistrados ("sepan lo que les puede pasar") se trasladó al plenario.
Ahí, los adversarios de Rueda, una minoría, también se iban a escudar en el voto secreto para deshacerse de él y colocar a “alguien fresco”, afín a sus creencias. Fracasaron con la burda maniobra.
En el proceso, hay un ganador: el Poder Judicial, porque imperó la independencia de los magistrados. El perdedor: el Legislativo, porque una mayoría de los diputados optaron por mantener el secretismo al rechazar el voto público para una reelección. Esta falta de transparencia de los legisladores los deslegitima para exigir claridad en otros poderes.
Defender el voto secreto como arma para protegerse de las presiones da pena. Los electores creemos elegir al Congreso a personas con carácter, moral, valores para repeler coacciones en público o en privado y abiertas a rendir cuentas sobre sus decisiones. Si tienen temor a votar en público, se equivocaron de carrera. La política no es apta para miedosos.
Era válido cuestionar la continuidad de Rueda porque es cierto que la Corte Plena necesita mentes frescas, actualizadas y, sobre todo, con expedientes limpios. Rueda, a sus 53 años, es de los magistrados más jóvenes, apenas lleva un periodo (no se ha enquistado como otros reelegidos cinco veces) y nunca ha sido sancionado.
Con ese currículo, y su corta carrera, no había sustento para negarle una reelección. La intención, entonces, apuntaba a una sacada de clavo por sus sentencias. Venganza legislativa, pero abortada.
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Armando Mayorga es jefe de Redacción en La Nación.