Todo se originó en la Asamblea Legislativa. La decisión fue de los diputados. Ellos reeligieron al magistrado Jesús Ramírez y designaron a la defensora de los habitantes, Catalina Crespo.
Por ello, los legisladores tienen su cuota de responsabilidad en lo que vemos en la Sala de Casación Penal y en la Defensoría de los Habitantes, donde sus escogidos originan crisis de institucionalidad y confianza pública.
Lo que caben son renuncias, pero los dos se aferran al poder, pues llegaron a un punto que les impide ser conscientes de la gravedad e impacto de sus errores.
Es curioso. Los dos están en el ojo público por yerros en la investigación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), por medio de la cual se intenta determinar si la Casa Presidencial accedió a información confidencial de los ciudadanos.
Pese a ser un caso tan sensible, la Corte y la Defensoría le han dado un manejo irreflexivo. El magistrado tomó decisiones incorrectas, pero algunos de sus colegas lo disculpan porque “se encontraba afectado de salud”. A la Defensoría se le perdió parte de la prueba, pero su jerarca no logra explicar cómo sucedió ni tampoco por qué tardó en denunciar la desaparición.
Sí, hay un abismo en cuanto al entorno de Ramírez y Crespo. En el Poder Judicial es lamentable la actitud de gremio de la Corte Plena. Por 9 contra 7 votos, decidió investigar la polémica audiencia presidida por Ramírez. Pero esos 7 votos lanzan una señal: se perdonan entre ellos.
La Corte olvida que en el 2018 la Sala III fue el foco de otro escándalo de descrédito por el caso del cemento chino, y ya debería poner punto final a más cuestionamientos.
No se trata de personas. Están en juego la institucionalidad y la justicia, y no es de recibo que un juez justifique decisiones erróneas por un quebranto de salud. Dios nos salve de estar frente a uno.
En la Defensoría, el razonamiento es más independiente: 54 funcionarios y 12 jefes piden a Crespo renunciar porque se le derrumbó el pilar que sostiene a un defensor, a saber, la confianza de los suyos y la pública.
Los diputados deben sopesar en el futuro estos dos episodios. Deben elegir personas que antepongan el interés nacional al personal.
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