Ronald Matute. 31 enero

Hasta hace pocos años, nos ufanábamos en el exterior diciendo que el Ejército de Costa Rica eran sus maestros.

Ser educador le confería al titular un prestigioso estatus, equiparado con el de otros respetados personajes como el cura, el doctor y el juez.

El docente destacaba por su cultura general, su sentido crítico, su conducta intachable y una vocación de hierro.

Sugerir que la enseñanza pública podría ser un servicio prescindible es un disparate tan ridículo como peligroso

Pero hoy, la imagen de esta importantísima profesión se ha venido devaluando hasta convertirse en una triste caricatura.

Y lo peor es que los mismos educadores se han encargado de desacreditar su propia carrera.

Muestra de ello son las declaraciones que dio Gilberto Cascante, presidente de la ANDE, en la Asamblea Legislativa.

Cascante acudió al Congreso a referirse al proyecto que pretende regular las huelgas en los servicios públicos esenciales.

Al intentar defender el derecho a huelga en la educación, el jerarca de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza lanzó la siguiente joyita: “El hecho de que un niño desgraciadamente no reciba educación lo podría hacer más ignorante, con menos posibilidades para la vida, pero no necesariamente se va a morir por no tener este derecho”, manifestó ante los atónitos diputados.

Estas desafortunadas declaraciones provienen, ni más ni menos, de uno de los principales dirigentes del Magisterio Nacional.

Tal parece que a Cascante se le olvida que el acceso a la educación es un derecho fundamental y, por tanto, inviolable.

Además, es bien sabido que la educación es la mayor herramienta que tiene un país para combatir el desempleo y la pobreza. Por tanto, sugerir que la enseñanza pública podría ser un servicio prescindible es un disparate tan ridículo como peligroso.

En Costa Rica, la falta de preparación impide a muchísimas personas conseguir un empleo bien remunerado y tener una vida digna.

Basta con ver la triste experiencia de la llamada “generación perdida”, que tuvo que abandonar los salones de clase durante la crisis de los años 80.

Muchos de ellos, que hoy rayan los 50 y 60 años, sobreviven a duras penas realizando labores poco calificadas.

¿Queremos que eso se vuelva a repetir? No, señor Cascante, la educación es un derecho que no puede ser secuestrado por intereses gremiales.