La Universidad de Costa Rica (UCR) debe determinar un castigo ejemplarizante a los oficiales de seguridad que ayudaron a un grupo de revoltosos a escapar luego de lanzarle piedras y combustible a la Fuerza Pública.
Hacer la vista gorda ante el bochornoso incidente del pasado jueves 21 de noviembre, en San Pedro de Montes de Oca, convertiría a los jerarcas de esa casa de enseñanza en cómplices morales de un delito.
La autonomía universitaria no puede usarse como excusa para alcahuetear a funcionarios que, con una visión retorcida sobre su deber, abrieron los portones de la UCR para darles refugio a los agresores y luego los cerraron para impedir el ingreso de la Policía.
Pero ¿qué se creyeron estos señores?¿Acaso tendrán la idea de que la Universidad es un territorio independiente, intocable, todopoderoso, que no se rige por las leyes que cubren al resto del país?
Imagino que esta errada concepción podría ser estimulada por la corriente de rebeldía que promueven las propias cúpulas universitarias ante las iniciativas para frenar los abusos con incentivos y la disciplina fiscal.
En un principio, la UCR trató de bajarle el tono a lo ocurrido dentro de su campus, pero la evidencia ofrecida por videos, fotografías y testimonios resultó tan abrumadora que tuvieron que cambiar el discurso.
Incluso el propio rector, Henning Jensen, aclaró que la Policía sí puede ingresar a la Universidad en casos de flagrancia y sin necesidad de una autorización judicial.
Acto seguido, prometió acciones. “La UCR no justifica actos de violencia de ningún tipo, ni los encubre ni los propicia. Haremos una investigación interna y aplicaremos las medidas que correspondan, incluyendo las disciplinarias”, aseguró Jensen.
Le tomamos la palabra al señor rector y esperaremos conocer los resultados y las consecuencias de la pesquisa.
Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Michael Soto, anunció que la Fiscalía utilizará la evidencia a su disposición para determinar si los oficiales universitarios incurrieron en algún delito.
Esperemos que estos procesos, sumados a las causas penales que enfrentan los manifestantes que sí fueron detenidos, permitan sentar responsabilidades y desestimular a otros cabezas calientes. No debe haber impunidad.
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Twitter: @RonaldMatute
El autor es jefe de Información de La Nación.