Armando Mayorga. 16 octubre, 2019

Ni el gobierno ni los diputados deben quedarse cruzados de brazos ante un problema nacional como el sobreendeudamiento. Es grave y los números lo confirman.

En el 2011, el ingreso promedio de un trabajador era de ¢859.000 y la deuda media por créditos de consumo, de ¢4,4 millones (4 veces más). Pero en el 2018 la situación se complicó: el ingreso subió a ¢1 millón y la deuda creció a ¢8,5 millones, ¡8 veces más!

Nadie pretende beneficiar a irresponsables, a los “amarraperros” de largo expediente. Esos, los de amplio historial, deben tener claro que nunca serán elegibles.

Los datos los reveló el superintendente general de entidades financieras, Bernardo Alfaro, en un foro de La Nación, en julio, en el cual advirtió que el saldo del crédito de las personas representó el 35 % del producto interno bruto (PIB) el año pasado, frente a un 13 % siete años atrás. ¡Un salto de 22 puntos!

La situación, entonces, no es para minimizarla como hacen algunos diputados, quienes se resisten a ver la zozobra de ciudadanos, trabajadores y familias que cuentan los cincos para llegar al final de la quincena.

El proyecto de ley propuesto por el gobierno para crear una línea de crédito para asalariados públicos y privados con elevado nivel de deudas (pagos que representen más del 40 % de sus ingresos) es una opción válida para aliviar el sufrimiento y las finanzas de tanta gente, y para dinamizar el consumo, que, sabemos, está en el suelo.

Nadie ha hablado de regalar dinero ni de causar pérdidas al Estado. Serán los bancos los que elijan, con ojo técnico y rigurosidad, los candidatos a refundir deudas en un crédito con cuota de ¢12.000 por millón a 15 o 20 años. Nadie pretende beneficiar a irresponsables, a los “amarraperros” de largo expediente. Esos, los de amplio historial, deben tener claro que nunca serán elegibles.

Lo otro es que las condiciones deben ser claras: la cuota se deduce del salario, solo se podrá optar a otro crédito cuando se pague el 50 % o más de la deuda y mientras el beneficiario acepte educarse para manejar sus finanzas. Los diputados dudosos pueden proponer más condiciones, más ajustes al texto, pero nunca cerrarse a una opción para miles de personas, como los 35.000 funcionarios del Gobierno Central a quienes les llegan unos ¢190.000 al mes debido a sus deudas.

Si estos congresistas se dieran un “baño de calle”, si conversaran con quienes les dieron el voto, tendrían una idea de cuán endeudados están los ciudadanos.

amayorga@nacion.com

Twitter: @armandomayorga

Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.