Ronald Matute.   23 mayo

El abuso infantil es una tragedia mundial, una aberración que debe ser combatida con acciones contundentes, no con disparates. Las cifras erizan la piel. En el 2017, el Ministerio Público recibió 6.162 denuncias de abusos sexuales perpetrados contra niños y adolescentes.

Las víctimas fueron obligadas a tener relaciones sexuales con adultos, a prostituirse o sufrieron tocamientos indebidos. Las denuncias representaron el 70 % del total de quejas por abuso sexual tramitadas por la Fiscalía ese año y no toman en cuenta la cifra negra o casos que quedan ocultos por miedo o vergüenza.

Muchos de estos hechos ocurren en el hogar, donde familiares y allegados aprovechan la inocencia y la confianza de los más vulnerables. Sin embargo, los abusadores también ocultan sus garras de buitre vestidos con trajes de educador, líder espiritual, entrenador u otra figura de autoridad.

En medio de tanta calamidad, el diputado del PAC Enrique Sánchez presentó un proyecto para obligar a grupos religiosos, juveniles, culturales y deportivos a denunciar abusos que se cometan en su entorno. La iniciativa podría sonar novedosa, y hasta propicia para cerrarles el cerco a los depravados, pero tiene varios problemas. En primer lugar, los sacerdotes católicos se verían obligados a violar el secreto de confesión para desenmascarar a quienes admitan ser abusadores.

Lo anterior colocaría al confesor en una encrucijada, pues el Código de Derecho Canónico señala que el castigo por quebrantar el sigilo sacramental es la excomunión. Pero, aunque esté dispuesto a pagar ese precio, el sacerdote estaría convirtiendo en evidencia judicial uno de los actos más sagrados de la fe católica: la reconciliación.

En segundo lugar, ¿quién garantiza que los abusadores van a ir al confesonario a contar todos sus pecados? Por otro lado, se corre el riesgo de que más adelante surjan otras iniciativas para obligar a los curas a delatar hasta a los envidiosos.

La confesión es un momento de profunda humillación que nace del examen de conciencia y del arrepentimiento del pecador que busca el perdón divino. No la convirtamos en un anticipo de prueba. Dejemos que Dios se encargue de la justicia celestial y demos a la ley de los hombres las herramientas correctas para detectar y castigar a los abusadores de menores.

Ronald Matute es jefe de Información de La Nación.