Armando Mayorga.   19 septiembre

La huelga es un derecho, pero el delito, no. Y este paro evolucionó, a eso, a la comisión de delitos como el sabotaje de los servicios y bienes públicos.

La desesperación de los huelguistas, al ver que esta no ha sido la “huelga de las huelgas”, les ha empujado a atentar contra el mismo pueblo, los mismos trabajadores y contra la gente más pobre y vulnerable que dicen defender de una reforma fiscal.

Si algo positivo tiene esta huelga es haber puesto al descubierto que bajo el título de “funcionario” hay delincuentes encubiertos

Los huelguistas no lograron paralizar en su totalidad la educación en escuelas, colegios y universidades; ni la atención en salud y ni siquiera al ICE, cuyos empleados, responsablemente, ofrecen servicios primordiales.

Exasperados, al no ver paralización, recurrieron a sabotear la descarga y suministro de gas; el poliducto que transporta gasolina y diésel; el paso de la Antorcha de la Independencia, los viajes de turistas hacia y desde el aeropuerto Santamaría; el lavado y suministro de ropa limpia a hospitales... eso no es huelga, eso es delito, es delinquir.

Delito también es fabricar y lanzar “miguelitos” para ponchar llantas de autos con el fin de sabotear el tránsito.

Delito es obstruir las cirugías a 57 personas de escasos recursos que han esperado hasta tres años para quitarse las cataratas u otro problema oftálmico en la CCSS.

Delito es crear un clima de inseguridad en Limón y Puntarenas para envalentonar a pandilleros que saquearon negocios. Delito es provocar tanta inseguridad, al punto de que los limonenses tienen temor a salir de noche por los ataques de las turbas.

Si algo positivo tiene esta huelga es haber puesto al descubierto que bajo el título de “funcionario” hay delincuentes encubiertos. También, una clase de trabajadores que, por proteger los privilegios que les pagamos todos, han sido capaces de atentar contra la salud y educación de los más pobres; contra los bienes del Estado; contra el empleo de miles de costarricenses de trabajadores privados y contra la seguridad.

Es imperdonable lo que han hecho. Violan el artículo 61 de la Constitución que les permite la huelga, pero prohíbe la “coacción y violencia”. Quebrantan el Código Penal con tanto sabotaje. Eso es para nunca olvidar y, menos, que el Ministerio Público lo vaya a dejar en el olvido.

El autor es jefe de Redacción de La Nación.