La economía estaba por ponerse en pie, después de más de dos años de permanecer en cama, pero, de la noche a la mañana, el coronavirus la contagió, la volvió neumónica y la mandó a cuidados intensivos. Así, la incertidumbre regresa a los cerca de 1,7 millones de trabajadores de empresas privadas e informales que ven en peligro sus empleos e ingresos.
El cierre de fronteras a extranjeros durante un mes, la suspensión del curso lectivo, la clausura de bares, discotecas o casinos, el aforo del 50 % en restaurantes, cines y teatros, así como el teletrabajo y la caída en el consumo y la movilización son un golpe cuasi mortal para miles de empresas y emprendedores de todo tamaño. Así como morirán ciudadanos con factores de alto riesgo, también empresas y emprendedores que arrastran problemas por la desaceleración económica de los últimos dos o tres años. Casi todas las partes de la economía sufrirán por la baja en consumo, entrada de divisas, producción, empleo y confianza en el futuro económico.
Al pensar en el sector turístico, sube la temperatura. Solo en marzo del año pasado entraron 335.000 turistas; en abril, 262.000; y, en promedio, cada uno gastó aquí $1.300 durante 12 días de estadía, en promedio. Este mes no vendrá ninguno. Tantos visitantes generaban 600.000 empleos: 150.000 directos y 450.000 indirectos. El 58 % son mujeres y un dato relevante: de todo estrato social.
Muchos tienen sus días contados porque el virus mató esos trabajos. En otras áreas del sector privado, nadie se salva. Los únicos que sobrevivirán son los casi 400.000 empleados públicos porque es sabido que, aunque las finanzas estatales están en crisis, no hay recorte en la planilla y, si lo hay, la indemnización es millonaria.
De ahí que en esta emergencia económica creada por la pandemia, gobierno, juntas directivas de instituciones y, sobre todo, diputados, deben actuar rápido, en cuestión de horas y días, para salvar a los “moribundos”. No se vale que los legisladores se enfrasquen en dimes y diretes, que se luzcan con extensos discursos y peroratas, o que las juntas directivas y ministerios dilaten planes. Posponer medidas por interés electoral o por intereses de campaña con miras al 2022, es ser cómplices del desempleo que está a las puertas del sector privado.
amayorga@nacion.com
Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.
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