Armando Mayorga. 20 marzo

Los trabajadores y jerarcas de las insaciables “repúblicas independientes” comenzaron a dar la guerra para zafarse de la reforma fiscal y, así, mantener los privilegios salariales.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es clara en el artículo 26: rige para el Ejecutivo, Legislativo y Judicial y “la administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades”.

Pero, irónicamente, el peor mensaje lo dan las universidades estatales porque rehúsan poner en orden los millonarios sobresueldos que las colocan en el ‘top 10’ de las entidades con los mejores salarios en el Estado, en contraposición con los exiguos impuestos que logra recaudar el fisco para financiarlos.

Es tanto, tanto, el gasto, que el año pasado el 75% del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se lo comieron los salarios, y si la tendencia no se revierte, en el 2030, será el 100%.

Este año, solo en los 43 incentivos para los 17.700 trabajadores se irán ¢133.000 millones, un 26% del FEES… Eso ningún Estado con finanzas en rojo, como el nuestro, lo resiste. Es muerte segura.

Pero los rectores, distanciados de la realidad nacional, los defienden por creerse soberanos y autónomos.

Quizás lo sean. Las universidades, constitucionalmente, tienen un estatus autonómico privilegiado en el sector descentralizado, pero deben tener claro que la plata para financiar su “república independiente” viene desde un gobierno sostenido por un pueblo que no da para pagar más privilegios.

Si no quieren que el buen uso del dinero público se les ordene desde afuera, pues que en sus “repúblicas” decidan, responsablemente, seguir el ejemplo del país que colinda con sus “fronteras”: socarse la faja.

Ya el Poder Judicial y la CCSS se salieron del canasto de la reforma fiscal, pero a medias: al menos, aplicarán las reducciones en los incentivos a los nuevos empleados y eso garantiza una merma futura del galopante gasto. ¿Por qué los rectores no siguen ese camino?

Costa Rica no está para vivir con “repúblicas” privilegiadas, y menos, de universidades, que con su negativa a reducir gastos dejan muy mal su pregonado discurso social y de solidaridad.

Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.

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