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El secretismo con el cual Recope negoció la nueva convención colectiva refleja cuán urgente es que los diputados, en la ley de empleo público, eliminen este tipo de acuerdos laborales o que, como mínimo, se pacten en público.
Si los ¢46.000 millones que costarán los beneficios en los próximos tres años salieran de las billeteras del presidente de la República, del presidente ejecutivo de Recope o de los directivos de la «Refinadora» Costarricense de Petróleo, quienes toleraron la negociación secreta, cero reclamo, pero, no; ellos no pondrán un cinco.
No se vale que funcionarios efímeros y con intereses de partido firmen a puerta cerrada con los sindicalistas. En este caso, el presidente ejecutivo de Recope, Alejandro Muñoz, defendió la hermética negociación alegando que la convención «despierta muchas sensibilidades». Por supuesto que las exacerba, con razón, pues esas concesiones a puerta cerrada han creado disparatados beneficios laborales.
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Los responsables no fueron los sindicalistas. Fueron los presidentes ejecutivos y directivos de Recope quienes los avalaron irresponsablemente para los 1.683 trabajadores. El caso icónico ocurrió el 23 de mayo del 2019, cuando la Sala IV, gracias al exdiputado Otto Guevara, anuló, en una sola sesión, 11 artículos de la convención de Recope por «irrazonables y desproporcionados».
Esta nefasta experiencia y otras más llevan a desconfiar de la capacidad negociadora de los jerarcas de turno y, por eso, resulta inadmisible que pretendan acomodar la opacidad como vía para el consenso. Si es con dinero público, todo debe ser público. Y si a los sindicalistas les sonroja que se conozca qué exigen, pues entonces que no pidan.
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Tal ha sido la astucia de estos dirigentes y la incompetencia de los jerarcas que quien lea la convención colectiva de Recope constatará que los derechos de los trabajadores abundan y los deberes escasean.
Tanto abuso debe conducir a proscribir desde ya, en la ley de empleo público, las abusivas convenciones colectivas y el vicio de manejar el dinero público con sigilo. Gran favor harían los diputados al Estado.
amayorga@nacion.com
