Las universidades públicas prometen a los diputados cielo y tierra con tal de evadir la ley de empleo público. Los rectores, en un acuerdo firmado el 22 de febrero, empeñaron su palabra de que van a revisar, en un año, la carísima estructura de incentivos y plantearán una reforma del régimen laboral universitario.
El ofrecimiento ha sido reiterado durante muchos años. «Se creará comisión», «se revisará» y más juramentos se han esfumado porque los rectores, difícilmente, pasarán de las palabras a los hechos.
Si prometen ahora revisar la anarquía salarial creada por ellos es porque se sienten amenazados por la reforma. Una vez excluidos de ella, se repetiría la película, al estilo de lo que el viento se llevó.
De eximir a las universidades de este ajuste, el país perderá una oportunidad única de poner orden en los sueldos de todos los empleados públicos, con la instauración del salario global. Excluirlas es perpetuar el derroche de dinero proveniente de los impuestos.
Con respecto a la Universidad de Costa Rica (UCR), está comprobada su incapacidad para manejar, por sí sola, responsablemente, el millonario fondo que se le confía cada año.
El mejor ejemplo es lo sucedido en el 2009, cuando Yamileth González fue rectora y en su período aprobaron engordar la anualidad del 3 % al 5,5 % del salario, mientras el gobierno pagaba un 1,9 % a sus profesionales. También se dieron el gusto de eliminar el tope de 30 años fijado para el pago de la anualidad.
Los jerarcas de la UCR lo aprobaron porque así lo quisieron, pues no hubo exigencia sindical. Actuaron, incluso, con desdén por el criterio de la Contraloría interna, la cual advirtió sobre las graves consecuencias financieras.
En el 2015, una comisión universitaria creada para el análisis de los pluses emitió recomendaciones para hacer cambios y, en estos siete años, casi todo sigue igual. Y ahora, ¡otra comisión!
Los diputados han confiado en exceso en las promesas de las universidades. Los hechos, sin embargo, dicen que la tal «autonomía» solo sirve para que hagan y deshagan a su antojo. Primero ellos, segundo ellos y la última prioridad es el interés nacional mediante el uso racional de los fondos públicos. Es inútil fiarse de más promesas.
amayorga@nacion.com
Escuchar:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gruponacion/d12c3016-4c53-4e1b-888e-f011e6cc66f0.jpg)
