Armando Mayorga. 2 octubre

El proyecto de ley que los diputados presentaron al país como la cura de todos los males derivados de las pensiones de lujo resultó ser lo contrario… Se convirtió en un caballo de Troya y más bien protege a los jubilados cuyos millones corren a costa del Estado.

Lo apropiado es devolverla a la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso, responsable de todos los golazos, para que entregue de vuelta un texto responsable.

El lobo con piel de oveja entró por la puerta grande del Congreso. A primera vista, parecía que iba a hacer justicia al gravar 3.700 pensiones de lujo mediante el cobro de contribuciones solidarias, como se ha llamado al impuesto creado para poner freno a los exagerados pagos, de ¢10 millones o más, que reciben exempleados públicos. De no haber sido porque los periodistas Silvia Artavia y Esteban Oviedo escudriñaron y publicaron lo que esconde este plan de ley, habría pasado inadvertido en el Congreso. Los diputados ya están avisados: dentro de esa iniciativa hay otro golazo desde media cancha. Parecido al anotado por dos diputados en el 2016 a las pensiones de lujo del magisterio.

Esa vez, con una moción a última hora, libraron a los jubilados del magisterio del tope de ¢2,7 millones a las pensiones con cargo al presupuesto nacional. Ahora, la táctica es similar: mociones de última hora son las que favorecen a los pensionados millonarios. Los “errores” y los “contrasentidos” del proyecto de ley, advertidos ya por el director nacional de pensiones, ameritan parar la “jugada”, pedir tiempo extra, descubrir dónde está la matráfula y cerrar los portillos que escudan a los jubilados con montos descomunales.

El plan, como lo concibió originalmente la diputada Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional, aumentaba a ¢44.000 millones anuales el ahorro del Estado en pensiones de lujo, pero, con los ajustes, la cifra baja a ¢39.000 millones, un golazo de ¢5.000 millones a las finanzas públicas. El descrédito y las dudas en que ha caído la iniciativa ameritan ponerle freno en el plenario. Lo apropiado es devolverla a la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso, responsable de todos los golazos, para que entregue de vuelta un texto responsable. Los nueve diputados deben anteponer la transparencia a sus intereses y enmendar el proyecto para que, de verdad, obligue a 3.000 pensionados de lujo a ser solidarios con el país que hoy les paga montos por los cuales jamás cotizaron.

amayorga@nacion.com

Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.