Armando Mayorga. 15 mayo

¿Hace cuánto tiempo la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) publicó un informe sobre las causas de un accidente aéreo?

Han pasado años. El más reciente boletín data del 2012, según se ve en la página en Internet y, desde entonces, todo fue un misterio porque la transparencia llegó hasta ese año. Esa, de seguro, es una de las tantas “deficiencias” que obligaron a la Administración Federal de Aviación (FAA), de EE. UU., a sancionar a Costa Rica con una degradación en su nota de seguridad aérea, que pasó de 1 a 2, lo cual significa incumplir normas de supervisión.

La culpa de ese golpe al país recae en la DGAC y en quienes la han gobernado en el oscurantismo. Ningún presidente de turno ha pedido cuentas a quien ha estado allí y, hoy, tanta tolerancia pone al país en el descrédito.

Es imperdonable cómo los políticos de turno permitieron que la seguridad aérea aparezca como similar a la de Bangladés, Ghana, Tailandia y Curaçao, mientras otros 91 países obtienen el “sí cumple”. Lo irónico es ver entre esas naciones a Nicaragua y Venezuela, donde sus regímenes, por lo visto, sí dan cuentas claras, lamentablemente, solo en este campo.

El gobierno hace el ridículo cuando niega la influencia del accidente de Nature Air, el 31 de diciembre del 2017, en la degradación de puesto. En el siniestro murieron 10 estadounidenses y dos pilotos costarricenses. Todavía hoy, Aviación Civil no ha informado las causas; tampoco sobre lo sucedido cuatro meses antes en otro vuelo de esa empresa, cuando una nave se desplomó en el río Torres y murieron una costarricense y otro estadounidense.

La complacencia con Nature Air fue exagerada. Cinco meses tomó suspenderla.

James Hall, exjefe de la Junta de Seguridad en el Transporte, de EE. UU., adelantó en enero del 2018 lo que se venía por el caso Nature Air, al decir a los estadounidenses que ni se atrevieran a tomar vuelos locales aquí.

El reclamo era directo contra la inoperancia de Aviación Civil, y esta, de nuevo, no dio signos de ser una real supervisora de la seguridad.

Esta sanción no debe quedar solo en el intento de tratar de convencer a la FAA de que vuelva a colocar al país en nota 1, sino en una limpia en Aviación Civil que implique un cambio legal para convertirla en una entidad profesional, independiente y, sobre todo, transparente.

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Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación