Armando Mayorga.   10 abril

Es letra muerta. El artículo 261 bis del Código Penal no sirve para nada, pese a su contundencia: “Se impondrá pena de prisión de uno a tres años (...) a quien conduzca un vehículo automotor en las vías públicas en carreras ilícitas”.

Si ese artículo se cumpliera, cientos de “picones” serían condenados cada año por poner en peligro la vida de inocentes y perturbar la paz de los vecindarios, pero el número de sentenciados se cuenta, si acaso, con los dedos de una mano porque ni el Poder Judicial ni los diputados han enfrentado la ineficacia de la norma.

De los magistrados debe partir la propuesta para reformar ese inútil 261 bis y de los diputados debe nacer la disposición para aprobarla y encarcelar a la creciente mafia que toma las carreteras como pista de competencia, sin importarle la vida de quien, por desgracia, se cruza en su camino.

A esos delincuentes, porque lo son según el Código Penal, la multa de ¢215.000 por manejar a más de 120 km/h les vale nada. Igual la de ¢315.000 por ir como dementes a más de 150 km/h. Si las multas no les atemorizan, un Estado responsable con la vida humana se abocaría a neutralizarlos, es decir, a ponerlos en prisión en aras de la seguridad de los ciudadanos.

Pero la inacción de los poderes judicial y legislativo les ampara. Llevar a la cárcel a un picón es casi imposible por falta de ajustes puntuales en las leyes. Un oficial de tránsito tiene que tomar foto y grabar video del “pique”; demostrar que el delincuente estaba en competencia con otro y comprobar que alguien dio la señal de partida en la competencia. Solo así se garantiza la condena. Ingenuidad total. Se pensó que los picones eran gente decente: que iban a detenerse ante la presencia del oficial, presentar sus documentos y firmar la boleta de la infracción…

Esos delincuentes, al ver un policía, huyen en manada y dejan atrás humo, atropellados, amputados o muertos, como hemos visto. Si se les detiene, es imposible aplicarles el 261 bis porque “ya no estaban en pique”.

Con tanta leguleyada, los delincuentes se arrogan mucho más derechos que los ciudadanos inocentes quienes, por desgracia, se cruzan en sus competencias y sufren las consecuencias.

El Poder Ejecutivo debe ponerse serio y atacar el problema de los piques. No se trata únicamente de organizar megaoperativos sorpresa, si es del caso con vehículos blindados para protegerse, sino que con el dinero de las multas contratar los oficiales de tránsito prometidos después del aumento en los montos de las sanciones. Los ingresos del Estado por partes subieron y la oferta de más agentes quedó en el olvido.

Quedarse de brazos cruzados, como están los tres poderes, es favorecer a los delincuentes y la impunidad.

Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.