Por: Armando Mayorga.   4 julio

Los magistrados han sido muy rigurosos para dictar resoluciones que limitan o anulan privilegios “irracionales” o “desproporcionados” en las convenciones colectivas, pero a la hora de decidir hacia dentro del Poder Judicial, se han quedado muy cortos.

Ni siquiera se atrevieron a tocar los 21 incentivos –igualmente irracionales y desproporcionados a los de las convenciones– que se pagan en la Corte y no tienen rango de ley porque fueron creados por la misma cúpula judicial.

Los magistrados deben comprender que esos pluses son producto de decisiones políticas y no técnicas de jerarcas de turno, que también se beneficiaron salarialmente de sus propias decisiones

¿Cómo es posible que 46 funcionarios de la llamada “clase gerencial” tengan un plus equivalente al 97,2 % del salario base? Es decir, otro salario y que, al crecer porcentualmente cada año, sube exponencialmente los sueldos.

¿Cómo creen que va a ser sostenible un incentivo del 11 al 22 % para todos los funcionarios con el fin de que no pierdan poder adquisitivo frente al costo de la vida? Irracional, cuando la inflación anual no pasa del 5 %.

¿Cómo justifican un plus de 10 % a 30 % solo por “ejercicio de la función judicial”? Es decir, solo por trabajar en el Poder Judicial. ¿Qué les hace tan diferentes por estar ahí?

Y así siguen los 21 pluses exclusivos del Poder Judicial, que cuestan ¢60.000 millones del pastel de ¢155.000 millones anuales dedicados a otros beneficios más normales como anualidades, zonajes, etc.

Los magistrados deben comprender que esos pluses son producto de decisiones políticas y no técnicas de jerarcas de turno, que también se beneficiaron salarialmente de sus propias decisiones. Al no tener sustento de ley, pueden ser reducidos o eliminados por la desproporción que hay con respecto a los beneficios que paga el Estado.

En momentos de crisis económica (y eso es lo que olvidan los magistrados y los sindicalistas) los costarricenses podríamos ahorrar esos ¢60.000 millones con una simple decisión dado que no hay ninguna ley que obligue a pagar tantísimas regalías.

Si la rigurosidad ha servido para enterrar privilegios insostenibles creados por las convenciones colectivas, lo mismo debe proceder para estos beneficios. Es cuestión de que los magistrados no den largas al asunto y apliquen el concepto: “De la misma forma que juzgas, serás juzgado”. Así de sencillo.

amayorga@nacion.com

Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.