Ronald Matute. Hace 5 días

El lunes la magistrada Iris Rocío Rojas propuso, en sesión de la Corte Plena, impulsar una reforma que permita intervenir los teléfonos de los periodistas.

Con esta medida, la alta jueza pretende conocer la identidad de las fuentes que suministran información a los reporteros sobre operativos policiales porque, según su criterio, las acciones judiciales podrían fracasar si se filtran a la prensa.

“El secreto de la fuente del periodista no es ilimitado”, alegó la magistrada, tal vez sin pensar en las graves consecuencias que ese planteamiento acarrearía para la democracia.

Desde los inicios del periodismo, las fuentes de información han sido indispensables para que los medios de comunicación cumplan su tarea de informar a los ciudadanos.

El manejo serio y responsable de reportes confidenciales es parte del riguroso proceso de verificación que debe anteceder la publicación de una noticia.

Suministrar datos incómodos, comprometedores o reveladores conlleva riesgos para el informante, dada la posibilidad de sufrir amenazas o algún tipo de represalias.

Por eso, la protección de la identidad del informador resulta tan relevante, no solo para el periodismo, sino también para la sociedad como beneficiaria de sus revelaciones.

A este principio se le conoce como el derecho de reserva de las fuentes, el cual ha sido reafirmado por resoluciones judiciales en nuestro país y en tratados internacionales.

La Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 13, dice que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

Frente a lo anterior, queda claro que la intervención de los teléfonos de los periodistas no solo representa una violación a la intimidad de los comunicadores, sino también al derecho de los ciudadanos a informarse.

Este forma de espionaje podría abrir un portillo para justificar, más adelante, la creación de otros controles y hasta prácticas de censura contra los comunicadores.

No debemos permitirlo y, aunque la magistrada Rojas rectificó luego su posición inicial sobre este asunto, es necesario alzar la voz a tiempo por si alguien quisiera revivir la discusión.

rmatute@nacion.com

El autor es jefe de Información de La Nación.