Hay quienes presentan el etiquetado de licores como la cura a todos los males: dispara la recaudación de impuestos, se trae abajo la evasión, evita el contrabando, la adulteración, la imitación… Lo cierto es que todas son presunciones.
El discurso panfletario ignora cómo se manejan las “oportunidades de negocio” en Costa Rica: hecha la ley, hecha la trampa. Un aumento de precio —lo más seguro porque el consumidor tendrá que pagar el costo millonario del timbre fiscal— estimulará la venta clandestina a un valor más económico. Incluso, quienes falsifican bebidas alcohólicas tendrán mayores incentivos para continuar el fraude.
No hay que ir muy lejos. Los cigarrillos están cargados de tributos, lo cual ha robustecido el contrabando. Solo este año les han decomisado a las redes 44 millones de unidades de dudoso origen y hay que tener claro que la cifra es solo la punta del iceberg del negocio que se nutre en la frontera con Panamá. Al otro extremo, en el límite con Nicaragua, son los contrabandistas de medicamentos cuya clientela aquí es cuantiosa, debido a lo caros que son esos productos en las farmacias nacionales.
El licor será lo mismo. La trazabilidad que unos diputados quieren imponer por medio de una ley no es gratis. En Ecuador, según el contrato de cinco años de la empresa que brinda el servicio, etiquetar cada botella cuesta $72 millones. ¿Quién debió pagar?: “El Estado asumirá el costo total”, informó el diario El Comercio.
En Costa Rica, el proyecto que tramita la Asamblea Legislativa es omiso en indicar quién pagará. ¿Será Hacienda? Muy difícil. Las cuentas del Gobierno están en rojo porque la mitad del gasto se financia con crédito. ¿Serán los consumidores? Elevar los impuestos al licor parece ser la única opción. Pero hay más dudas: no hay un solo estudio fiable e indepediente que garantice un ingreso mayor al costo de poner en funcionamiento el sistema de etiquetado. Volvemos a lo mismo: presunciones.
Las finanzas públicas y las de los costarricenses no deben usarse para experimentos de los diputados. Genera mucha duda que quieran hacer “obligatorio”, y por ley, el uso de una pseudotecnología, cuando ni siquiera está probada su eficacia. Lo mejor es dejarla como opción cuando un criterio técnico y no político indique su necesidad.
amayorga@nacion.com
Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.