Admito que escribo estas líneas con un profundo sentimiento de decepción. En columnas anteriores, defendí la aprobación de la reforma fiscal impulsada por el gobierno como una dura, pero necesaria medida para frenar el déficit fiscal.
Varias veces insistí sobre la trascendencia de que todos los sectores depusiéramos los intereses particulares para que ayudáramos a sanear las finanzas públicas.
Sigo creyendo que ese amargo paso era el primero de una seguidilla de medidas impostergables que el país debió haber tomado a tiempo para evitar una debacle.
Por eso, me resulta incomprensible el acuerdo suscrito por el Poder Ejecutivo, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los sindicatos para deponer la huelga en los servicios de salud.
Avalar que la CCSS siga pagando 17 incentivos con una fórmula de cálculo contraria a la establecida por la reforma fiscal es una terrible contradicción en el discurso de este gobierno. El portillo lo abrió el propio presidente de la institución, Román Macaya, al firmar en febrero un acuerdo con los gremios para mantener intactos los pluses y las anualidades.
Y ahora, en vez de cerrar el boquete de una sola vez, la administración de Carlos Alvarado eligió el camino más largo para resolver si el acuerdo rubricado por Macaya es ilegal o no. Podrían pasar cinco años, o más, antes de que el Tribunal Contencioso-Administrativo resuelva el juicio por lesividad que la CCSS prometió presentar.
Durante ese tiempo, los 57.000 trabajadores de la institución serán un grupo privilegiado que recibirá beneficios superiores al resto de la planilla estatal.
¿Y qué pasa si los sindicatos de otras instituciones deciden ir a huelga para exigir el mismo tratamiento que el dispensado a los empleados de la Caja? ¿Firmarán un acuerdo similar con ellos? Ese es uno de los riesgos que corre la administración Alvarado. Otro peligro es que los diputados que apoyaron la reforma fiscal decidan pausar el trámite de otras iniciativas necesarias para reducir gastos y reactivar la economía.
Sin duda, lo más difícil para este gobierno será recuperar la credibilidad. En la Casa Presidencial saben que se dispararon en el pie y, a partir de ahora, sus actuaciones serán medidas con lupa.
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Ronald Matute es jefe de Información de La Nación.