“Uno tiene derecho a escoger el momento. Obviamente que aquí, en Costa Rica, no existe ese derecho, pero uno debería poder decir en qué momento ya no quiere sufrir”.
El psicólogo turrialbeño Mauricio Leandro falleció el 16 de junio del 2016 sin tener acceso a la eutanasia. Pensó ir Holanda o Bélgica, pero no tenía los medios. "Es carísimo y complicado, lleva un papeleo tremendo”, declaró a La Nación meses antes de morir. Solo cinco países la han legalizado: Luxemburgo, Canadá, Colombia y los dos mencionados.
El suicidio asistido se permite en Suiza, Alemania, Canadá, Japón y siete estados de EE. UU. Ahora, la diputada del PAC Paola Vega Rodríguez plantea el proyecto sobre muerte digna y eutanasia. El debate es necesario para responder a personas que, como Mauricio, exigen decisiones del Estado al gran sufrimiento que les causa un estado terminal por enfermedades irreversibles. En el 2015, el proyecto Ley sobre Muerte Digna en Pacientes en Estado Terminal, propuesto por los entonces legisladores Antonio Álvarez y Carlos Arguedas, entró a discusión, pero, tres años después la Comisión Legislativa de Asuntos Sociales lo archivó, no por el fondo, sino por imprecisiones y confusiones.
Vega intenta enmendar los cuestionamientos mediante un documento más conciso, en el cual se reconoce el derecho a la eutanasia para las personas con enfermedades "en fase terminal e irreversible de alto impacto en la calidad de vida y con pronóstico de vida igual o menor a seis meses”.
La legisladora la plantea para casos extremos, cuando la medicina no da resultados. “La petición de la persona con enfermedad en fase terminal debe ser voluntaria y bien meditada, el padecimiento debe ser insoportable y sin esperanzas de mejoría y, además, la persona debe conocer la situación en la que se encuentra y estar convencida de que no existe otra solución razonable”, dice el texto en el cual se aclara que la eutanasia se le debe pedir al médico para iniciar un proceso que será regulado por el Ministerio de Salud.
El proyecto está ahí y los diputados, por ser un asunto que califica como derecho en casos extremos, deben considerarlo, pero no aplicarle, de entrada, la eutanasia legislativa.
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Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.