Ronald Matute. 19 septiembre

El lunes, Sonia Jiménez González vio consumirse en minutos sus esfuerzos de 36 años. Su casa fue devorada por un incendio que se abrió paso por las angostas calles de su vecindario, saturado de ranchitos de madera y latas de cinc.

“Esto era un infierno”, relató Sonia, mientras recordaba el llanto desesperado de los niños y los gritos de los vecinos que clamaban por salvar sus vidas. El fuego no cobró víctimas mortales, pero las dos horas de terror dejaron sin techo a 90 chiquitos y a 220 adultos del caserío El Pochote, en barrio Cuba.

No cabe duda de que los gobiernos locales, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda y la Comisión Nacional de Emergencias han pecado por omisión.

Tal emergencia, una de las más grandes de los últimos años, debe llamarnos a una reflexión sobre el riesgo que corren muchas comunidades. La mala planificación, el desorden y la alcahuetería han facilitado el nacimiento y expansión de asentamientos en condiciones vulnerables.

Hace dos años, se contabilizaban 400 precarios y, cuando menos, 20.000 viviendas ubicadas en terrenos invadidos. A ello hay que sumar gran cantidad de barrios, vecindarios, alamedas y cuarterías en donde el chispazo más insignificante tiene el poder de producir un pandemonio.

El Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y la Policía se han quejado en múltiples ocasiones de las grandes dificultades que tienen para ingresar a esos sitios. Calles estrechas, construcciones endebles y apretujadas, instalaciones eléctricas hechizas, saturación de inquilinos y ausencia de hidrantes son la ecuación perfecta para una tragedia. Sin embargo, los llamados de atención de las oficinas de socorro parecen resonar como un eco lejano en las oficinas que deben tomar cartas en el asunto. No cabe duda de que los gobiernos locales, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda y la Comisión Nacional de Emergencias han pecado por omisión.

Les ha faltado pantalones para demoler lo que haya que demoler, para reforzar lo que haya que reforzar y exigir lo que haya que exigir. El dolor, la angustia y la incertidumbre sobre el futuro atormentan ahora a Sonia Jiménez y a más de 300 vecinos suyos que perdieron en un santiamén cuanto tenían.

¿Cuánta angustia se pudo evitar si se hubieran tomado medidas a tiempo? Es hora de actuar para impedir que se repita otro infierno como el de El Pochote.

Ronald Matute es jefe de Información de La Nación.